Mediante auditoría realizada al Colegio de Bachilleres de Tabasco, la Secretaría de la Función Pública del gobierno de Tabasco detectó en el ejercicio fiscal 2019, irregularidades por 77 millones de pesos pagados en excesos al personal educativo, así como la firma de contratos que no cumplieron con el procedimiento normativo.
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Son los resultados de la Auditoria número UAG-AOR-026.2020-27-ODES, realizado al Colegio de Bachilleres de Tabasco (Cobatab) por la dependencia que dirige Jaime Antonio Farías Mora, cuyos resultados fueron presentados 9 de diciembre del 2020.
En el documento en poder de esta casa editorial se mencionan cuatro observaciones generales; tres tienen que ver con dineros y una de carácter administrativo.
La primera observación corresponde al posible mal uso de 46 millones de pesos 759 mil pesos que fueron erogados por concepto de prestaciones no autorizadas como son la de ayuda de transporte administrativo, día del maestro, estímulos por puntualidad y asistencia, reconocimientos al profesor o el pago del ISR del aguinaldo pagado al personal de la institución educativa.
La segunda observación realizada por el organismo de control interno se relaciona con el pago de sueldos que se encuentran por arriba de los autorizados para cada categoría. El organismo estatal calcula un posible daño de 29 millones 228 mil pesos
La tercera observación es el relativo a 140 pagos quincenales realizados a 19 empleados que habían causado baja de la plantilla laboral, algunos de ellos dejaron de trabajar desde enero del 2019, y el Cobatab les depositó puntualmente su quincena hasta el mes de diciembre de ese año. El daño por esta situación es de un millón 797 mil pesos.
No todas las observaciones tienen que ver los dineros. La SFP encontró que en seis de los contratos firmados por la institución educativa, no cumplían con los procedimientos de adjudicación y contratación.
El organismo que dirige Erasmo Martínez Rodríguez señala en su portal de transparencia que las observaciones emitidas por la SFP se encuentran en proceso de solventación, por lo que, a casi dos años de terminarse la revisión, el proceso aún continúa.
Lo anterior se suma a la desaparición de más de 209 millones de pesos de las arcas de la institución en el año 2018, por lo cual la SFP realizó cinco observaciones que no fueron solventadas, y por lo cual fueron turnadas a la Unidad de Verificación e Investigación Gubernamental. Los recursos fueron extraídos de las cuentas bancarias bajo un mismo mecanismo.
