Del 2018 al mes julio del 2023, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Tabasco ha recibido 680 denuncias por posibles casos de tortura; sin embargo solo 325 se encuentran en proceso de investigación. El resto, es decir 355, fueron desechadas por diversas razones.
De acuerdo con la información proporcionada por la FGE, cada año se presentan decenas de denuncias por posibles casos de tortura; sin embargo, no todas son investigadas por el agente investigador, ya que más de la mitad, o sea, el 52 por ciento para mayor exactitud, se envía al archivo temporal; el agente del Ministerio Público se abstiene de investigar o el denunciante abandona el caso.
Recuento de cinco años en casos de tortura en Tabasco
Conforme el documento, se detalló que durante el 2018, la Fiscalía Especializada para la Investigación de Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, recibió 111 denuncias por estos posibles actos de tortura, de las cuales desechó 73, y solo ha investigado 38, que a decir del organismo público, hasta el 2023 siguen en proceso.
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Por otro lado, en 2019, cuando la cifra de denuncias presentadas por personas que alegaban actos de tortura en su contra llegó a 306, la fiscalía estatal desestimó 193, y sólo se abocó a investigar 113.
Fue el último año en que las denuncias desechadas superaron al número de casos que se investigan, según los datos proporcionados por la dependencia estatal a esta casa editorial.
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Para los años 2020, 2021 y 2022 , el número de denuncias presentadas bajaron a 70, 89 y 74, respectivamente y con ellas también bajaron las que quedaron sin investigación por parte del representante social.
Ocho denuncias fueron desechadas por falta de pruebas
Así mismo, para el mes de julio del año actual, la Fiscalía Especializada registró 30 denuncias de tortura presentadas, de las cuales 22 se mantienen en proceso de investigación, y en ocho casos se decidió no ejercer la acción penal o el ministerio público se abstuvo de investigar los casos por considerar que no existen los elementos necesarios para ello.
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En promedio, de las 680 denuncias por posibles actos de tortura presentadas en la fiscalía del estado, más de la mitad, 355, fueron desechadas por el ministerio público; y cinco años después de haberse iniciado el proceso siguen sin concluirse y deslindar responsabilidades de los delitos que la Ley general para prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, señala que puede ser cometido por funcionarios públicos, pero también por particulares.
