Dos años de impunidad, corrupción, tráfico de influencias, desesperación e impotencia es lo que ha vivido la familia Lezama Zubieta, quien fue víctima del delito de abigeato, a lo que se suma el intento de montaje por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE), a través del área especializada en el combate al delito de abigeato.

El daño fue luego de que un grupo armado se apoderara de un lote de 267 cabezas de ganado, hecho que está por cumplir dos años.

Desde entonces, ha sido un constante peregrinar por parte de los integrantes de esta familia que vive en el municipio de Jonuta.

Te puede interesar: Más de 23 mil productores tabasqueños serán beneficiados con Programa de Fertilizantes para el Bienestar

Sin embargo, desconocen por qué la Fiscalía sacó del estado a los semovientes y los trasladó a un rancho de Campeche, donde permanecen.

De acuerdo a Marianela Lezama Zubieta, se trata de un montaje de parte de la Fiscalía, por medio del cual fueron despojados de su ganado.

“El robo ocurrió el 2 de abril del 2021; un Viernes Santo en la madrugada, llegaron antes de que siquiera saliera el sol; hace dos años que nos robaron el ganado, de inmediato regresamos para aportar pruebas que el ganado era nuestro, pero no nos prestaron atención y entonces resulta ser que tuvimos que ir al área federal, pero tampoco hemos encontrado respuesta”, expresó.

Por ello, dijo que esto lo hicieron del conocimiento del presidente Andrés Manuel López Obrador a través de sus cuentas personales, y esperaban ser atendidos en esta gira que realiza por el estado de Tabasco.

Explicó que ella y su hermano Julio César son la quinta generación de ganaderos, herederos de los productores Ángel Zubieta Russi de Tenosique, y Benigno Lezama Lara, de Jonuta.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

Indicó que el día de los hechos, trabajadores de su rancho San Gerónimo, les informaron que un grupo armado había llegado a la propiedad ubicada en la ranchería Alto Amatitán, perteneciente al municipio de Jonuta.

Recibe a partir de ahora las noticias más importantes directo a tu WhatsApp

“Sin más ni más se llevaron 267 cabezas de ganado, de las cuales, 252 son de la raza Nelore Mocho, Indubrasil, Gyr y Sardo Negro, así como nueve toros de la raza Nelore, y el resto vacas criollas, conocidas como Vientres Gestantes Bovinos”, expresó.

Para acceder al rancho, los desconocidos rompieron candados y removieron postes, ocasionando daños al alambrado. Posteriormente se llevaron el ganado a la colindancia con el estado de Campeche, a una comunidad que le pertenece a Palizada.

No fue sino días después cuando se enteraron que fue la FGE la que se había llevado sus reses, ya que en esas fechas se emitió un comunicado dando a conocer duro golpe al abigeato en Tabasco, con el aseguramiento de 267 cabezas de ganado recuperadas en Jonuta.

No obstante, por las imágenes que salieron en los medios de comunicación, supieron que las reses eran las suyas, pues tenían la marca de su fierro.

“Desde entonces ha sido un largo peregrinar por distintas instancias de gobierno y judiciales, con los registros SINIIGA, bancarios y de la Asociación Ganadera Regional de Tabasco, y toda la documentación debida que avala la legal propiedad del ganado extraído”, argumentó.

Personal de la FGE negó responsabilidad en los hechos

Ante esta situación, decidieron entablar un juicio de garantía en el Juzgado Primero de Distrito, en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, y en consecuencia, en una sentencia del 15 de diciembre del año 2021, el Juez primero de Distrito tuvo a bien conceder el amparo y la protección de la justicia federal a su hermano, y ordenar que el ganado que había sido sustraído de manera ilegal por la Fiscalía del Estado de Tabasco, fuera devuelto a Julio César Lezama Zubieta, su legítimo propietario.

Sin embargo, todos los fiscales y personal de la dependencia negaron que ellos hayan sido quienes se metieron a los predios en cuestión, pese a que con fotografías se logró identificar a las personas que habían entrado.

Asimismo, mediante actas notariadas han constatado que el ganado en litigio ha sido movido a diferentes predios, pese a que el Juez ordenó que se mantuvieran juntos en un mismo sitio.

El temor que tienen ahora es que el ganado ya ni siquiera exista, por lo que han solicitado periciales veterinarias para determinar el estado en el que se encuentra el hato.

Piden a AMLO ordenar revisión exhaustiva del caso

Agregó que el último recurso al que recurrieron está en plazo de resolución por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Es por ello que solicitan la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador, para que ordene una revisión exhaustiva de este caso y se castigue a los responsables.

Sobre ese tema, la Fiscalía General del estado dio a conocer este viernes 17 de marzo de 2023, que se ha dado cumplimiento a sentencia de juicio de amparo por el litigio de semovientes en Jonuta.

Mediante un comunicado, señaló que se mantiene con ello el firme su compromiso de hacer valer el Estado de Derecho en cada uno de sus actos.

“Es así que ha dado respuesta oportuna al Juzgado Primero de Distrito del cumplimiento a la sentencia de juicio de amparo, promovido por el litigio de 267 semovientes, en el municipio de Jonuta”, cita el comunicado.

La Fiscalía señaló que desde la fecha en que la sentencia en mención quedó en firme, y se notificó formalmente, esta institución efectuó los actos correspondientes para su atención y debido cumplimiento, de lo cual ya tienen conocimiento esa instancia jurisdiccional, así como las partes involucradas.

De igual forma, precisó que este asunto ventilado en medios de comunicación se origina de la denuncia en contra del hoy quejoso, por los delitos de despojo, daños y lo que resulte, pues en los hechos, la parte agraviada hacía valer que el ganado le había sido sustraído de manera irregular.

“Esta es una institución que actúa de buena fe en la recepción de denuncias de ciudadanos, por lo cual se dio la atención a quien en ese momento se dijo afectado, y quien presentó los fierros quemadores de su propiedad debidamente registrados; además, explicó una versión sobre el desacuerdo entre las partes en torno a un trato de compra-venta de ganado”, precisa la instancia a cargo de Nicolás Bautista Ovando.

Niega FGE haber falseado el trabajo ministerial

Sin embargo, reconoce que el desarrollo de las mismas indagatorias ha suscitado que se genere una controversia sobre quién es el legítimo dueño de los animales; la FGE precisa que en ningún momento ha falseado o simulado el trabajo ministerial; y los actos consecuentes han sido resultado del seguimiento de las investigaciones.

Por ello, señaló que bajo la figura de depositario ministerial, los semovientes fueron entregados de manera provisional y legal a la parte ofendida, la cual adquirió obligaciones sobre los mismos.

No obstante, considerando que todos los ciudadanos pueden disponer de las herramientas de la ley para hacer valer lo que a su derecho convenga, durante este periodo ambas partes han promovido diferentes recursos ajenos a la Fiscalía del Estado, lo cual ha prolongado la posibilidad de obtener una resolución definitiva.

Lee más: Sedafop contrata seguro contra la sequía

Por lo que en atención a la sentencia 352/2021-II-11, emitida por el Juzgado Primero de Distrito, durante 2022 la Fiscalía Especializada en Combate al Abigeato efectuó diversas actuaciones, entre ellas: dejar insubsistente el acuerdo de aseguramiento de los 267 semovientes bovinos para hacerlas entrega al quejoso; acudiendo al lugar donde se encontraban resguardados. Pero al estar en territorio del Estado de Campeche, queda fuera de la jurisdicción de la FGE.

De esta manera, en los informes al Juzgado de Distrito se ha dejado en claro que quien los tiene bajo su resguardo ha sido notificado del acuerdo; y que además, se solicitó la colaboración de la Fiscalía General del Estado de Campeche para dar cumplimiento a la ejecutoria de dicha sentencia.

Es importante aclarar que, en la mencionada sentencia, el Juzgado Primero de Distrito no se pronunció sobre cuál de las partes es propietaria de los semovientes. Las indagatorias con respecto a la denuncia interpuesta ante esta Fiscalía continúan su curso bajo el amparo de la ley.