Tras señalar que hasta el momento no se ha notificado al Gobierno estatal sobre alguna acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos contra la Ley Antichatarra, el coordinador general de Asuntos Jurídicos del Gobierno del Estado, Guillermo del Rivero León, reconoció que se han surgido algunos pasivos al estado, como resultado de juicios laborales concluidos recientemente pero que fueron iniciados en administraciones pasadas.

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Indicó que esto se debe principalmente a lo que ocurrió durante la reingeniería administrativa que se hizo en la administración de Andrés Granier Melo.

El funcionario estatal dijo que de este modo siguen adelante las reformas a la ley ambiental, que regula la venta de comida chatarra a los menores de edad.

“Teníamos entendido que iban a presentar alguna acción de inconstitucionalidad, quien más debía hacerlo sería la Comisión Nacional de derechos Humanos, no tenemos conocimiento que lo hayan hecho hasta la presente fecha porque no hemos sido notificados en ese sentido”, afirmó.