A pesar de las denuncias de posibles irregularidades en el sexenio de Arturo Núñez, al mes de febrero del 2024 la Auditoría Superior de la Federación (ASF) no ha interpuesto una sola demanda penal contra funcionarios de la anterior administración.
Mientras que con las cuentas públicas del 2012, en las que se detectaron irregularidades en la administración de Andrés Granier Melo, el organismo revisor federal presentó demandas penales dos años después, hasta el último reporte de las denuncias penales presentadas por la ASF relacionadas con las Cuentas Públicas del periodo de 1998 al 2020, la dependencia no registra una sola demanda ante el ministerio público contra funcionarios nuñistas.
De acuerdo a fuentes públicas, el sexenio de Arturo Núñez Jiménez acumuló observaciones por más de 9 mil millones de pesos por parte de la ASF y el Órgano Superior de Fiscalización del Estado (OSFE), principalmente por posibles irregularidades en el sector salud y educación.
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De estas irregularidades, 4 mil millones de pesos corresponden a recursos federales llegados a Tabasco en los años en que estuvo al frente del estado el perredista, que llegó bajo recomendación del actual presidente de México Andrés Manuel López Obrador; dichos recursos fueron objetos de observaciones en las revisiones realizadas por la ASF.
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Así mismo, el propio organismo revisor reporta que hasta junio del 2024, las acciones emprendidas para recuperar estos recursos operados hace más de seis años, sólo han logrado recuperar 93 millones 300 mil pesos.
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A pesar de esto, a solicitud expresa de esta casa editorial, la ASF responde vía transparencia que hasta febrero de este año, sólo ha interpuesto demandas penales contra la Universidad Politécnica del Centro (UPC) por irregularidades detectadas en las cuenta pública de los años 2015 y 2016, así como el Instituto Tecnológico Superior (ITS) de Centla fue llamado a cuentas por irregularidades en la cuenta pública del 2017.
Son las únicas dependencias cuyos ejercicios fiscales coinciden con el sexenio de Nuñez Jimenez, y contra las que se ha procedido legalmente.
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El 24 de julio del presente año, la Secretaría de la Función Pública (SFP)del estado dio a conocer las sanciones administrativas emitidas contra funcionarios de la administración anterior, a los que se les inhabilitó para desempeñar empleo, cargo o comisión en el servicio público por periodo de hasta 17 años. Del resto de funcionarios nada, coincidiendo con la inacción de la ASF.
