Pareciera que están a favor del INE y los tribunales electorales y no de la soberanía que estamos defendiendo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), aseveró la vicecoordinadora de la fracción parlamentaria de Morena, Ana Isabel Nuñez de Dios.
Calificó como una "barbarie" el posicionamiento de la bancada priista en desacuerdo con la controversia constitucional promovida por el Congreso del Estado.
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Insistió en que la resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación invade "esferas" de competencia del Poder Legislativo en la entidad.
¿Qué señala el resolutivo del TEPJF?
Y es que a decir de la morenista, el resolutivo del TEPJF señala al Congreso local como un superior jerárquico del gobierno del estado y eso "invade el principio de división de poderes".
"Ellos (PRI) siguen insistiendo en que se trata de una defensa al Ejecutivo, al gobernador Carlos Manuel Merino Campos y no es el caso, nosotros estamos defendiendo el principio de legalidad y la soberanía que tenemos como congreso estatal, esa es la naturaleza de las controversias constitucionales", dijo.
Entrevistada en el recinto legislativo, Núñez de Dios rechazó que con ello se esté buscando retrasar la imposición de una sanción al mandatario estatal.
¿Qué se busca ante el TEPJF?
Mencionó que a través de este recurso se está buscando que la Corte emita un pronunciamiento con base a la revisión de la constitucionalidad de la resolución de la Sala Superior.
"Me sorprende que hagan ese tipo de pronunciamientos que reflejan un total desconocimiento de la norma, de nuestro reglamento y la ley orgánica", subrayó.
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Asimismo, señaló que los priistas argumentan falta de acuerdo político, pero sería un error pensar que por cada asunto al que se ha de dar contestación haya que llamar a sesión de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO).
Dijo que haciendo un recuento a la fecha en contra de las leyes y decretos emitidos por el Congreso durante esta Legislatura se han promovido 170 juicios de amparo; 8 demandas laborales, 3 juicios electorales, 1 acción de inconstitucionalidad y se han firmado alrededor de 179 contratos. "Imagínense que para todo eso se hubiera tenido que contar con la autorización del Pleno o la Jucopo", acotó.