/ domingo 16 de agosto de 2020

Confusiones legales traería la determinación del semáforo epidemiológico

El abogado Sergio Reyes reveló que este lunes los jueces locales estarán en disyuntuva si reanudarán los plazos procesales o no

El hecho de que el gobierno estatal haya determinado mantener en rojo el semáforo de Covid 19, aunque la federación ubicada a la entidad en color naranja, podría generar confusiones en el ámbito legal ya que de entrada hasta el momento se desconoce si se reanudarán este lunes los plazos procesales en los juzgados civiles.

En ese sentido, el integrante del Colegio de Abogados Tabasqueños, Sergio Antonio Reyes Ramos, consideró que este lunes los jueces locales estarán ante la disyuntiva de reanudar los plazos y términos procesales o seguir con el catalogo restringido de casos urgentes, es decir, acatar los efectos del semáforo naranja para la entidad que dispuso la Secretaria de Salud Federal o la instrucción no escrita de seguir en rojo.

El profesional del derecho refirió que apenas el pasado viernes 14 de agosto, antes del mensaje televisado del gobernador, el Periódico Oficial (extraordinario 172) publicó la abrogación del Decreto mediante el cual se instruyen las acciones para prevenir, detener, contener, controlar, retrasar y reducir la propagación del COVID-19 en el estado de Tabasco, de fecha 20 de marzo de 2020”; en tanto que el miércoles 12 de agosto, en el mismo medio, el TSJ insertó el Acuerdo 12/2020 en el que instruye a jueces civiles y familiares cuando las autoridades competentes ubiquen a nuestra entidad en el semáforo naranja (nivel de riesgo epidemiológico alto) a reanudar plazos y términos procesales para los asuntos de su competencia.

Reyes Ramos puntualizó aun cuando son órdenes contradictorias los jueces están obligados, entonces, a seguir las instrucciones del Consejo General de Salubridad de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 133 de la Constitución de la Republica: “Por lo tanto a partir de hoy deben admitir a trámite desde juicios sucesorios, procedimientos judiciales no contenciosos, conciliaciones, ratificaciones de escritos, cuestiones matrimoniales, medios preparatorios de juicios ejecutivos, ejecución de sentencias, y juicios mercantiles ordinarios y ejecutivos mercantil oral”.

Indicó que mientras que en el semáforo Amarillo deberán substanciar juicios hipotecarios, información de dominio, liquidación de deuda, preliminares de consignación, juicios de guarda y custodia, divorcios voluntarios, adopción y declaraciones de ausencia.

“Si ya hay dos mil víctimas mortales de Covid 19, esto se traduce en otro tanto de juicios sucesorios que forzosamente tendrán que tramitarse, y mientras más tarde peor, porque hay obligaciones fiscales, laborales, mercantiles generadas por los decesos que son ineludibles”, estableció.

De este modo, que si los juzgados optan por la negativa, los litigantes deberán documentarlo para ejercitar las acciones legales pertinentes para garantizar el acceso de los tabasqueños a la jurisdicción del Estado, pues “ya es insostenible la inactividad procesal luego de cinco meses de pandemia, lo que no quiere decir que los servidores públicos judiciales deban ser expuestos al contagio sino que el gobierno local deben garantizarles condiciones laborales seguras”, apuntó

El hecho de que el gobierno estatal haya determinado mantener en rojo el semáforo de Covid 19, aunque la federación ubicada a la entidad en color naranja, podría generar confusiones en el ámbito legal ya que de entrada hasta el momento se desconoce si se reanudarán este lunes los plazos procesales en los juzgados civiles.

En ese sentido, el integrante del Colegio de Abogados Tabasqueños, Sergio Antonio Reyes Ramos, consideró que este lunes los jueces locales estarán ante la disyuntiva de reanudar los plazos y términos procesales o seguir con el catalogo restringido de casos urgentes, es decir, acatar los efectos del semáforo naranja para la entidad que dispuso la Secretaria de Salud Federal o la instrucción no escrita de seguir en rojo.

El profesional del derecho refirió que apenas el pasado viernes 14 de agosto, antes del mensaje televisado del gobernador, el Periódico Oficial (extraordinario 172) publicó la abrogación del Decreto mediante el cual se instruyen las acciones para prevenir, detener, contener, controlar, retrasar y reducir la propagación del COVID-19 en el estado de Tabasco, de fecha 20 de marzo de 2020”; en tanto que el miércoles 12 de agosto, en el mismo medio, el TSJ insertó el Acuerdo 12/2020 en el que instruye a jueces civiles y familiares cuando las autoridades competentes ubiquen a nuestra entidad en el semáforo naranja (nivel de riesgo epidemiológico alto) a reanudar plazos y términos procesales para los asuntos de su competencia.

Reyes Ramos puntualizó aun cuando son órdenes contradictorias los jueces están obligados, entonces, a seguir las instrucciones del Consejo General de Salubridad de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 133 de la Constitución de la Republica: “Por lo tanto a partir de hoy deben admitir a trámite desde juicios sucesorios, procedimientos judiciales no contenciosos, conciliaciones, ratificaciones de escritos, cuestiones matrimoniales, medios preparatorios de juicios ejecutivos, ejecución de sentencias, y juicios mercantiles ordinarios y ejecutivos mercantil oral”.

Indicó que mientras que en el semáforo Amarillo deberán substanciar juicios hipotecarios, información de dominio, liquidación de deuda, preliminares de consignación, juicios de guarda y custodia, divorcios voluntarios, adopción y declaraciones de ausencia.

“Si ya hay dos mil víctimas mortales de Covid 19, esto se traduce en otro tanto de juicios sucesorios que forzosamente tendrán que tramitarse, y mientras más tarde peor, porque hay obligaciones fiscales, laborales, mercantiles generadas por los decesos que son ineludibles”, estableció.

De este modo, que si los juzgados optan por la negativa, los litigantes deberán documentarlo para ejercitar las acciones legales pertinentes para garantizar el acceso de los tabasqueños a la jurisdicción del Estado, pues “ya es insostenible la inactividad procesal luego de cinco meses de pandemia, lo que no quiere decir que los servidores públicos judiciales deban ser expuestos al contagio sino que el gobierno local deben garantizarles condiciones laborales seguras”, apuntó

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