Datos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) filtrados por Guacamaya Leaks muestran los diferentes actos de violencia que realiza el crimen organizado en Tabasco, desde los ataques directos, enfrentamientos contra las fuerzas del orden y los asesinatos de civiles e integrantes de grupos rivales, con algunas muestras de que el estado se ha visto rebasado por la delincuencia organizada.

Entre los ataques directos se mencionan los ocurridos en las instalaciones de la Fiscalía de Alto Impacto en el municipio de Cárdenas en el 2017 por presuntos integrantes de la banda delictiva Los Calderón, quienes sustrajeron cuatro armas de fuego, para después ser detenidos.

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En esta clasificación de ataques que realiza la Sedena se describen los asesinatos de elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), funcionario del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), elementos del 57 Batallón de Infantería, de la Policía Ministerial, un exsubprocurador de Justicia del estado, un agente de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) que había sobrevivido a un ataque y tenía amenaza de muerte. En algunos casos los cuerpos encontrados de elementos del orden están irreconocibles, según se desprende del reporte militar.

Entre los enfrentamientos se mencionan el refuego entre elementos del Ejército y la Marina en respuesta a las agresiones sufridas por el crimen organizado, en algunos casos con saldos negativos para los representantes del estado, no a consecuencia del enfrentamiento, sino de accidentes de los vehículos militares ocurridos durante las persecuciones.

Uno de los reportes militares reseña que en el 2020 se registró el ataque a una patrulla del municipio de Paraíso, la cual trasladaba a un detenido por alterar el orden público, en donde resultaron muertos dos atacantes. Destacando que una de las camionetas involucradas estaba registrada a nombre de la presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del Estado y aspirante a la alcaldía del municipio de Paraíso.

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Sin embargo, el grueso de las descripciones corresponden a los actos de violencia perpetrados contra civiles en estacionamientos, bares, o en vías públicas, a los cuales le quitan la vida por disparos de armas de fuego, pero también mediante el desmembramiento de los cuerpos, en algunos casos colocados en bolsas de plásticos, en cobijas o en costales.

Los mismos que fueron encontrados dentro de vehículos calcinados, en fosas clandestinas o en tambos de 200 litros, así como colgados de puentes peatonales;, en muchos de los casos se trató de personas relacionadas con el robo de hidrocarburo, la venta de drogas o por lazos familiares con integrantes de grupos criminales.

En un reporte del 2017, se lee que “en la entrada de la colonia [ubicación], a la altura del kilómetro [ubicación] carretera [ubicación], fueron hallados tres cuerpos masculinos con impactos de arma de fuego en la cabeza. La policía municipal de Huimanguillo, informó que durante el levantamiento de los cuerpos, se presentaron al lugar de los hechos 20 personas armadas, mismas que no intervinieron en las actividades del personal de la FGE”.

Los decomisos

Entre las armas utilizadas para perpetrar actos de violencia, mismos que aparecen en el reporte de la Sedena como decomisados, se encuentran chalecos tácticos, armas largas, fusiles M16, escopeta, pistolas, cargadores, cartuchos de diferentes calibres y un sinnúmero de granadas.