Un total de 5 mil 631 mil millones 277 mil 535 pesos, serán los que calificaran los diputados del Congreso local, correspondiente a la cuenta pública 2018 de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los 17 ayuntamientos y los órganos autónomos.
De tal forma que como parte del proceso de calificación de las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2018, este lunes las tres comisiones inspectoras de Hacienda de la LXIII Legislatura llevaron a cabo en la sede del Órgano Superior de Fiscalización del Estado, el acto protocolario de inicio de los trabajos de revisión documental de las cuentas públicas.
En el inicio de la revisión documental de las cuentas públicas de los tres poderes del estado y órganos autónomos, se informó que se llevaron a cabo 38 auditorías de cumplimiento, 17 de obras públicas y dos desempeño, haciendo un total de 57 auditorías y de las cuales quedaron pendientes por solventar 4 mil 502 millones 632 mil 535 pesos.
El Informe de Resultados del Órgano Superior de Fiscalización del Estado (OSFE), reveló a los 35 diputados del Congreso local que se detectaron irregularidades por tres mil 490 millones de pesos en la cuenta pública 2018 del exgobernador Arturo Núñez Jiménez y por lo cual recomienda la reprobación de ese ejercicio fiscal, ya que de acuerdo a las auditorías que realizaron no cumplió con la normatividad.
En el dictamen del Poder Ejecutivo especifica que no cumplió con la Ley de Fiscalización de realizar un adecuado manejo del presupuesto con el que finalizó 2018, y que fue por el orden de los 48 mil millones de pesos.
La presidenta de la Junta de Coordinación Política, Beatriz Milland Pérez destacó que la calificación de las cuentas públicas, es una de las responsabilidades más grandes que tienen los integrantes del Congreso local, la cual los obliga a que dicho proceso sea transparente y apegado a la legalidad.
“La revisión documental y física les bridará las herramientas para razonar su voto con la mayor seriedad y el profesionalismo que el tema demanda; “como representantes populares debemos garantizar que las cuentas entregadas a la ciudadanía sean claras, que el ejercicio del gasto público sea transparente y que se haga conforme a la ley, pero también que se determine responsabilidad o sancionar a quien no lo cumpla”, añadió.
