Los asentamientos irregulares que han venido proliferando desde los años ochenta persisten en el municipio de Centro como una opción de vivienda para personas de escasos recursos, pero también como la forma que tienen asociaciones vivales de obtener propiedades con fines de lucro, en zonas federales como las orillas de los ríos o predios deshabitados en áreas urbanas e incluso sobre ductos petroleros.

Los asentamientos humanos irregulares son núcleos de población ubicados en áreas o predios subdivididos, que no cuentan con la autorización del Ayuntamiento, o con ella, pero que no acataron los lineamientos y disposiciones establecidas en la autorización.

Se establecen bajo dos enfoques principalmente, el primero obedece al fenómeno de la “pobreza urbana” por una fuerte inaccesibilidad al suelo y a la vivienda.

El segundo, expresa su manifestación en zonas urbanas marginadas como única alternativa para la población de escasos recursos que requieren de un lugar en donde vivir.

Es un fenómeno urbano y social que se presenta en las principales ciudades del país y Tabasco no es la excepción.

De acuerdo con la Coordinación Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (CERTT), Centro, Nacajuca, Cárdenas, Comalcalco Huimanguillo y Macuspana son los municipios con mayor número de casos de asentamientos irregulares en el estado.

A pesar de que no se tiene contabilizado el total de predios sin título de propiedad, el 70 por ciento de estos terrenos se localizan en estas demarcaciones municipales y en particular, en Centro, se tiene reportes de al menos dos casos de paracaidistas que intentaron establecerse ilegalmente.

De acuerdo con la administración municipal, recientemente se realizó el desalojo de varias personas que habían improvisado casas a un costado del puente Los Monos en terrenos aledaños a la zona comercial en la colonia Carrizal.

Sin embargo, a decir del vocero del ayuntamiento, Juan Carlos Castillejos Castillejos, realizar un procedimiento de esta naturaleza resulta “tardado y muy difícil” porque deben intervenir hasta organismos defensores de los derechos humanos y al ayuntamiento le toma tiempo justificar las acciones necesarias para “levantar” esos asentamientos fuera de la ley.

Agregó que el haber permitido la creación de asentamientos humanos hoy representa un millonario gasto para el municipio poder llevar al menos los servicios más indispensables a estas zonas, aunque no se destina una partida porque no se incluyen dentro del presupuesto.

En el contexto nacional, el titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), Román Meyer Falcón, señaló que a causa de la pobreza que impera en el país, unas 90 mil familias se suman cada año a quienes viven en asentamientos irregulares.

Indicó que muchas personas no tienen acceso a recursos para comprar una vivienda digna o construir en suelos urbanizados con los servicios necesarios, por lo que invaden predios o habitan zonas que no son aptas para tal fin.

El funcionario federal, destacó que esa cifra estimada de quienes recurren al 'mercado irregular' tiene que ser actualizada en el próximo censo del INEGI, que también debiera arrojar cuántos asentamientos existen actualmente.