En crisis se encuentran los institutos tecnológicos de Tabasco, por cuestiones de inseguridad, acusaciones de malos manejos en contra de los rectores, protestas de los trabajadores por despidos injustificados y violaciones a sus contratos colectivos de trabajo.
En el al 2009, fue ejecutado el exrector de la Universidad Politécnica de Centro, José Francisco Fuentes Esperón y quien también era un destacado Político tabasqueño.
El Instituto Tecnológico de Villa La Venta se encuentra de luto por el asesinato de su titularidad Carlos Garrido Gular el pasado viernes por un comando armado.
Y ahora existe incertidumbre entre la comunidad estudiantil ante el anuncio que hizo el gobernador de Tabasco, sobre que analizan cerrar ese centro educativo.
Este anuncio ha creado opiniones y favor y en contra por parte de diversos actores políticos.
Por ejemplo, por irregularidades en el manejo de 120 millones de pesos que llegaron al Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco por concepto de convenios con Sernapam, fue demandando el exrector y exdiputado local, Juan José Martínez Pérez.
Además fue el Órgano Superior de Fiscalización del Estado (OSFE), ya lo denunció ante la Fiscalía General del Estado, por peculado.
El escándalo no para el en Tecnológico de Comalcalco, ya que el Juzgado de Distrito notificó al director del Tecnológico de Comalcalco, Julio César Cabrales de la Cruz, de un emplazamiento por desacato judicial por parte del Juez y quien consideró grave la violación a recursos ganados por sindicato de trabajadores de la institución; de tal forma que podría ser cesado.
El oficio dictado por el órgano jurisdiccional, el rector del Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco (ITSC) podría haber caído en el delito de desacato.
El Juzgado Cuarto de Distrito del Poder Judicial de la Federación dio vista al delegado de la FGR, para que abra Carpeta de Investigación por el delito de desacato al fallo de la Junta de Conciliación que le ordena restituir las cuotas al sindicato formal de la institución.
Se le acusa de realizar actos tendientes a manipular con un sindicato alterno las condiciones generales de trabajo en detrimento de la clase laboral, con lo cual se mantiene la suspensión definitiva del expediente original.
Por otra parte, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), investiga un presunto desvío de 78 millones de pesos en el Tecnológico de Centla del ejercicio presupuestal del 2017, año en que fungieron como directores Ramón Antonio Rodríguez Laynes, y Mario Alberto Juárez Zapata.
Existen otras pesquisas por el manejo de los recursos ejercidos desde el 2014, reveló su actual director José Guadalupe Arias Acopa.
A la Universidad Popular de la Chontalpa (UPCH), que encabeza el biólogo, Antonio Enrique del Ángel Flores, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) le congeló 22 cuentas de esta institución educativa.
Del Angel Flores, explicó que está afectando proyectos y programas educativos, por estar involucrada en lo que se conoce como "estafa maestra", a través de los ex rectores Víctor Zárate, José Hernández Lazo y Pedro Muñoz Vergara.