Acusan desvío por $4 millones en la CMIC

La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción delegación Tabasco (CMIC) iniciará la defensa jurídica ante las instancias nacionales del gremio de la construcción, luego de que a través de la Secretaría de la CMIC en México se ordenara la remoción de su dirigente, Sergio Coll Montalvo.

Durante una reunión privada, integrantes del consejo consultivo y la dirigencia estatal acordaron dar la batalla legal y aclarar la acusación de desvío de cerca de 4 millones de pesos.

Esta situación dividió opiniones entre el consejo directivo y los integrantes del consejo consultivo que se dieron cita desde las 11:00 horas para deliberar esta situación inédita en el sector de la construcción, ya que mientras algunos se inclinaban por la remoción inmediata del presidente, otros opinaron que se debía dar una defensa jurídica para esclarecer esta situación, pero no aceptar la medida dictada desde la Ciudad de México.

Aunque por estatutos el cargo de presidente le correspondía a la secretaria Diana Valeria Plata Torre, ésta fue citada alrededor de las 13:00 horas, sin embargo hasta la tarde de este lunes no se había oficializado una eventual sustitución en la presidencia.

La reunión se tornó acalorada por algunos momentos, mientras que algunos expresidentes de la cámara entraban y salían de la sala de juntas, aunque finalmente se firmó una minuta en donde se deja en claro que Coll Montalvo debe iniciar una defensa legal ante las instancias competentes de la arbitrariedad del Secretariado nacional de la CMIC.

El sentir de algunos miembros del consultivo fue de molestia porque acusan que esta medida es promovida por el exdirigente nacional José Eduardo Correa con el afán de tomar el control de la delegación Tabasco, además de que se niega en todo momento haber recibido estos 4 millones de pesos provenientes del FIDEET.

Cabe señalar que el fin de semana la dirección nacional de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción (CMIC) notifico a Sergio Coll, dirigente de la CMIC estatal, un plazo de 72 horas para dejar el cargo.

Esto por medio de un oficio, en donde de acuerdo a varios agremiados, la solicitud de dejar el mando, obedece a una serie de irregularidades cometidas durante su gestión, y con ello dar paso a una investigación.