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En medio de la crisis sanitaria que paralizó al país, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) adjudicó un contrato de manera directa a una de las 33 empresas ligadas a la presunta red internacional de lavado de activos del gobernador de Tamaulipas, Francisco N.
El SAT compró material de limpieza para sus unidades administrativas por cerca de 15 millones de pesos, con IVA incluido, a la empresa Comercializadora Nacional de Proveedores Lexeur SA de CV, enlistada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos como parte de la red de lavado del mandatario tamaulipeco.
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El contrato fue para la adquisición de material de limpieza para las unidades administrativas del SAT y tuvo vigencia de abril a octubre del año pasado.
De acuerdo con documentos de la plataforma de compras públicas Compranet, el organismo que encabeza Raquel Buenrostro Sánchez compró a la compañía 383 mil 461 litros de hipoclorito de sodio al seis por ciento, 261 mil paños de microfibra de poliéster y nailon y 52 mil 200 botellas rociadoras con atomizador de 500 mililitros.
En una justificación para efectuar una excepción a la licitación pública, la autoridad fiscal refirió que tuvo que adjudicar el contrato de forma directa ante la emergencia sanitaria.
Indicó que al ser un organismo fundamental para la economía nacional, debía continuar en funcionamiento.
“Es preocupación del SAT, en apoyo a las medidas establecidas por el gobierno federal, mantener instalaciones desinfectadas”, refirió el organismo de la SHCP en su justificación.
Luego de una búsqueda entre su lista de proveedores, el organismo encontró 16 empresas que podrían surtirle el servicio, de las cuales sólo cuatro enviaron una cotización solicitada y de éstas, dijo, la propuesta más baja fue la de Comercializadora Nacional de Proveedores Lexeur.
La empresa está enlistada entre 33 compañías y personas físicas investigadas en Estados Unidos por su presunta participación en una red de lavado que involucra al gobernador de Tamaulipas, su madre, su esposa, su suegro, un primo y sus dos hermanos, siendo uno de ellos Ismael García Cabeza de Vaca, senador de la República.
El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo público el listado el pasado jueves 20 de mayo al exhibir una carta que el Departamento de Justicia dirigió al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, en la que le informa que investiga al gobernador panista por su presunta participación en una red de lavado de dinero.
“Por medio del presente, me es grato saludarle e informarle que la oficina del agregado jurídico, FBI, está llevando a cabo una investigación preliminar en relación a los individuos y entidades corporativas, los cuales se cree que están involucrados en el lavado internacional de activos, se han identificado operaciones financieras y/o viajes internacionales en los Estados Unidos, México y otros países”, indica la misiva firmada por el agregado jurídico Joseph González
Esta información llevó a Santiago Nieto a solicitar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) congelar las cuentas bancarias del mandatario estatal y de las personas vinculadas.
“He ordenado el congelamiento de cuentas de la red de Francisco N por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita. 12 personas físicas y 25 jurídicas. Cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad, sobre todo a quienes se creían intocables”, dijo el funcionario en su cuenta de Twitter.
Al gobernador de Tamaulipas se le acusa de delitos como delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada, a través de empresas y prestanombres, entre ellos Comercializadora Nacional de Proveedores Lexeur, empresa beneficiada por el SAT.
Además de su familia, en la red delictiva también aparece el empresario Manuel Rodolfo Trillo Hernández, alias El Trillo o La Trilladora, con tres de sus nombres falsos: Juan Helú García, Ladislao Vázquez López o Manuel Garza Espinosa. Se trata de un operador del Cártel de Sinaloa y señalado de ser quien financió la construcción del túnel por donde se fugó Joaquín El Chapo Guzmán del penal del Altiplano la noche del sábado 11 de julio de 2015, como dio a conocer El Sol de México.
También aparecen los hermanos Alfonso, Bernardo y Gerardo Pasquel Méndez, vinculados al Partido Verde Ecologista de México y señalados por el Gobierno de la Cuatroté de ser los responsables de filtrar los videos donde aparece el hermano del Presidente, Pío López Obrador, recibiendo dinero para presuntamente financiar campañas políticas.
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