Se tienen registro que en lo que va del año se han creado 70 sindicatos "patito" en Tabasco y los líderes engañan a las ciudadanos prometiendoles que les conseguirán trabajo mediante un pago de 5 mil pesos, cuando todo eso es mentira y solamente los utilizan para hacer bloqueos y obtener más recursos económicos mediante la extorsión , señaló José Antonio De La Vega Asmitia, Secretario de Desarrollo Energético de Tabasco (Sedener).
Dijo que una vez que les sacan los cinco mil pesos los convocan para organizar bloqueos a las empresas, con el argumento que de esa forma les darán el empleo de forma segura, cuando en realidad lo que quieren estos líderes es obtener más dinero mediante el chantaje para dejar que sigan los trabajos.
Comentó que ante ello, se aplicará la ley del Código Penal de Tabasco a los speudo sindicatos que mediante la extorsión para pretendan obtener dinero a la mano.
Afirmó que ha existido dolo por parte de quienes critican la reforma al Código penal que crea la Ley AntiExtorsión, ya que no va reprimir las manifestaciones públicas porque están consagradas en la Constitución, sino que van a combatir a estos pseudo sindicatos que dañan el progreso de Tabasco.
"La Ley AntiExtorsión aprobada en el Congreso de Tabasco, sólo establece sancionar a quien sin ningún derecho pretenda obstaculizar el paso de personal o maquinaria a una obra o proyecto, y aumentando la pena cuando se utilice violencia o se pretenda cobrar", explicó el ex presidente del Congreso local.
Detalló que van más de 40 bloqueos a instalaciones petroleras en 2019, por parte de sindicatos y pseudo sindicatos que extorsionan con dádivas o cuotas.
“Si analizamos con detenimiento la iniciativa, así como las modificaciones que tuvo a bien realizar al dictamen el Pleno del Congreso del Estado durante su discusión, constataremos que la reforma al Código Penal lo único que pretende es dar certeza y seguridad a las inversiones, pues muchas empresas privadas y públicas, sobre todo de la industria energética, han dejado de invertir en Tabasco porque grupos, que incluso en muchas ocasiones son liderados por personas ajenas a las comunidades donde se desarrolla el proyecto, so pretexto del derecho a la asociación sindical, exigen cuotas ilegales para la contratación de personal y para el paso de vehículos y maquinaria”.