Tras señalar que luego del asesinato de un estudiante de la Universidad Popular de la Chontalpa se deben reforzar las medidas de seguridad en instituciones públicas y privadas del estado, la secretaria de Educación, Egla Cornelio Landero reiteró el llamado a las instancias de salud para evitar que una cadena de farmacias siga expendiendo a alumnos un jarabe para la tos, que puede ser fuente de intoxicación al sistema nervioso central.
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Sin embargo, aclaró que esto compete más a las instancias del sector salud aunque se seguirá enfocando los esfuerzos para que los alumnos no consuman este tipo de sustancias.
“Ya la Secretaría de Salud nos ha dado las referencias de qué medicamentos no son adecuados para la salud y debemos atender los llamados, pero las farmacias no las regulamos nosotros”, señaló en entrevista al acudir al acto cívico este 27 de Febrero en el monumento al Coronel Gregorio Méndez Magaña, conocido como El Caballito.
Esta semana la dependencia hizo un llamado a Farmacias del Ahorro a controlar la venta de este medicamento a los alumnos del CBTIS 32, ya que los alumnos ponen en peligro su integridad física además de que crean nuevos hábitos de consumo al tomar el jarabe.
Indicó que el llamado es para todas las farmacias que se encuentran alrededor de dicho plantel que está ubicado en la avenida Esperanza Iris en la colonia Guayabal.
LAMENTA SUCESOS DE LA UPCH
Por otra parte, la funcionaria estatal lamentó el asesinato de un estudiante de la UPCH mientras realizaba trabajo de campo en el municipio de Cárdenas.
“Sí, lamentablemente es muy triste para nosotros, pero es un tema que ya las autoridades se están ocupando, se van a llevar a las investigaciones que correspondan, nosotros estamos en el acompañamiento a la Universidad, que es la UPCH”, expresó.
Consideró que los profesores universitarios deben reportar las actividades de campo que hacen sus estudiantes para que se tenga conocimiento hacia dónde se mueven.
Agregó que se solicitará por ello el apoyo a las instancias de Seguridad Pública para que se incrementen las medidas en este tipo de instituciones tanto públicas como privadas.
ASF
Finalmente, al ser cuestionada por los resultados de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que el Gobierno de Tabasco hizo en 2018 pagos indebidos por 620 mil pesos con recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) a 46 trabajadores que ya habían causado baja en la Secretaría de Educación, y otros 877 mil pesos a 14 maestros cuyos decesos se registraron en ejercicios fiscales anteriores, la funcionaria señaló: “Exactamente a nosotros no nos ha llegado tal cual esa información, aunque sí sabemos que hay audutoriaa de 2018 pero ahí están en trámite”.