La crueldad animal no conoce de naciones ni fronteras. En Colombia, un perrito fue arrojado al río Magdalena dentro de un costal, flotando a la deriva. Por fortuna, unos turistas lo rescataron y adoptaron.

Los hechos que quedaron grabados en un video de 38 segundos, ocurrieron cuando los turistas realizaban un paseo en lancha en el mencionado afluente, cuando a lo lejos, se percataron de la presencia de un bulto color rosa flotando en medio del agua, lo que llamó su atención.

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Sin dudarlo se acercaron al costal y lo sacaron del agua; fue ahí donde se percataron que dentro, además de basura, había un animal; era un perrito al cual algún humano, en un acto de crueldad, decidió arrojar al agua para deshacerse de él. El peludito robó el corazón de sus rescatistas, quienes no dudaron en adoptarlo, y lo bautizaron con el nombre de Magdalena.

Magdalena se convirtió en un símbolo de esperanza y resistencia debido a que a pesar de las condiciones en que fue abandonado había logrado sobrevivir, por lo que también lo llamaron “el milagrito que salió del río”. Los hechos fueron difundidos a través de las redes sociales, despertando el repudio y la indignación de los cibernautas hacia la persona que arrojó al can al agua, y aplaudiendo la acción de los turistas que lograron salvar la vida del animal.

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En Colombia, ante los casos de maltrato animal que se cometen y que eran denunciados ante la Fiscalía General de la Nación, creó el Grupo Especial para la Lucha Contra el Maltrato Animal (Gelma). Esta instancia reportó que desde el 2021 hasta principios de 2022, se registraron casi dos mil denuncias, de las cuales se procesaron 173, resultando en apenas 71 condenas.

La Ley 1774 del 6 de enero de 2016 entabla un marco de “respeto, solidaridad, compasión, ética, justicia, cuidado, prevención del sufrimiento, en la erradicación del cautiverio y el abandono” en el trato de los seres humanos hacia los animales.

También establece que quien lesione a un animal puede hacerse acreedor a una multa entre los 5 y los 50 salarios mínimos. Si le provoca la muerte, podrían estar en prisión de 12 a 36 meses y una inhabilidad de estar en cualquier cargo profesional que implique el contacto con animales.