Desde el mes pasado el exgobernador Arturo Núñez Jiménez ya radica en España, en donde impartirá algunas ‘cátedras’ en instituciones de educación superior. Se sabe que las clases que dará a universitarios europeos tienen que ver con el derecho electoral, materia en la que es uno de los especialistas con más conocimientos de México.
No por algo el tabasqueño fue fundador del Instituto Federal Electoral (IFE), el ente público ciudadanizado ahora llamado Instituto Nacional Electoral (NE), carta de presentación que lo llevó incluso a ser asesor en la materia de la ONU.
La noticia de que el esposo de Martha Lilia López Aguilera ya despacha en tierras ibéricas la confirmó a la radio la semana pasada el diputado local perredista Agustín Silva, quien, de paso, salió en su defensa al asegurar que no tiene ninguna cuenta pendiente con la justicia tabasqueña.
Pero mientras el exsubsecretario priísta de Gobernación rehace su vida en la Madre Patria, en su estado lo están requiriendo en el Congreso local para que explique algunas irregularidades encontradas durante su gestión.
El diputado independiente José Manuel Sepúlveda del Valle declaró ayer:
“Venció el plazo de 150 días que otorgó el Órgano Superior de Fiscalización (OSFT), para que los entes públicos, entre ellos el ex gobernador Arturo Núñez Jiménez, solventaran anomalías en sus cuentas públicas, la de 2017, y al no realizar movimiento alguno, es necesario que se presente queja penal en contra del ex mandatario, además de que reintegre 59 millones de pesos que nunca solventó”.
El legislador consideró que el plazo del organismo no obedece a una cuestión política o de partidos, sino al reclamo de los tabasqueños por “los problemas que se presentaron en la pasada gestión”.
De acuerdo con el representante popular, desde el 13 de junio pasado venció el plazo de 150 días que dio el Órgano al exmandatario, así como a exalcaldes para que resolvieran las observaciones, mas ninguno cumplió.
Aseveró que el OSF debe requerir que los aludidos devuelvan 59 millones de pesos que no pudieron ser soportados contablemente en la administración anterior.
“Pero, además, el ente fiscalizador tiene que hacer su trabajo, aplicar todo el peso de la ley, dado que existe un daño a la hacienda estatal, pues se detectaron hallazgos tanto en la Secretaria de Salud, como en la de Educación, entre otras”, indicó.
Asimismo, en un reporte de la Auditoría Superior de la Federación sobre la cuenta de 2018 de Núñez se detalla que se encontraron irregularidades que ameritan que el Congreso local interponga demandas penales.
Entre las anomalías se destaca que la pasada administración gastó 11.7 millones de pesos para la nómina del sector salud, pero no fueron localizados en sus centros de trabajos los empleados a quienes supuestamente se les pagó.
No hay constancia de que existan esos ‘trabajadores’, dice la auditoría hecha pública este martes por una estación de radio.
También se encontró una observación de 10.9 millones de pesos en contratos que amparan algunos pagos sin detallar de qué tipo son y con quiénes se suscribieron.
El informe advierte que en Tabasco se registró inobservancias a la normativa, especialmente en materia de transferencia, destino de los recursos y servicios personales, que en conjunto habrían generado un probable daño a la hacienda federal por 216 millones 774 mil pesos, que representan el 9.2 por ciento de la muestra auditada.
En síntesis, mientras Núñez ya está en el viejo continente dando “clases” de política, en su estado natal le están solicitando aclarar anomalías que, si fuera en serio la lucha contra la corrupción del régimen de la llamada Cuarta transformación, podrían llevarlo a la cárcel en vez de a una confortable aula española.
