/ viernes 20 de septiembre de 2024

El Espectador / Quieren borrar la peor mancha de corrupción de López Obrador

Para asegurar la soberanía alimentaria, el segundo piso de la Cuarta Transformación anunció una estructura en la que se fusiona la administración de las empresas paraestatales Liconsa y Diconsa, encargadas de la comercialización de leche y canasta básica en localidades rurales y de alta marginación, y se le adiciona el manejo de los precios de garantía. En pocas palabras hablamos de que será un esquema idéntico al de Segalmex, con la salvedad de que se le cambiará el nombre a la nueva dependencia por el de “Alimentación para el Bienestar”.

Según se detalló, la nueva empresa tendrá la misión de vincular a los pequeños y medianos productores agropecuarios de manera directa con las que serán las “Tiendas del Bienestar”, para terminar con los intermediarios que se pueden quedar con hasta 60 por ciento de los recursos involucrados en la cadena de valor, un objetivo que ya se había tratado de implementar en la fallida Seguridad Alimentaria Mexicana, pero no prosperó.

A la letra, el anuncio de la próxima administración fue que “esta nueva área se encargará de operar los Precios de Garantía, un programa que tiene como objetivo mejorar el ingreso y calidad de vida de los pequeños y medianos productores de granos básicos y leche; así como la autosuficiencia alimentaria”, algo que según el “Manual de Organización” de Segalmex ya debía ocurrir.

Las atribuciones de la nueva empresa son prácticamente las de Segalmex. Están vigentes la de “coordinar la adquisición de productos agroalimentarios a precios de garantía a los productores y regiones nacionales… y apoyar a los productores nacionales adquiriendo sus productos agroalimentarios”.

Además, se mantiene el “apoyar a pequeños y medianos productores agropecuarios para mejorar su ingreso, así como garantizar el acopio eficiente de alimentos básicos y leche para propiciar el bienestar de las comunidades más vulnerables, contribuyendo a la autosuficiencia alimentaria de nuestro país”.

Para lograrlo, se estableció en su momento un organigrama en el que de la dirección general, que inició perteneciendo a Ignacio Ovalle y ahora ostenta Leonel Cota, dependían seis direcciones con sus respectivas gerencias y subgerencias; todas ellas diseñadas para cubrir las necesidades administrativas y operativas de las tres empresas. Todas estas se mantienen.

La dirección comercial, por ejemplo, tiene una gerencia de abasto de abarrotes y leche; mientras que una dirección de precios de garantía y estímulos tenía sus respectivas divisiones para concentrar los padrones de productores, administrar los centros de acopio y hacer la logística para la distribución en las 25 mil tiendas que están distribuidas en todo el país.

Para ejecutar todas sus funciones, Segalmex tenía en su organigrama una Unidad de Administración y Finanzas que, a su vez, manejaba subgerencias para Diconsa, Liconsa y para Precios de Garantía; o sea, la estructura que tomará en breve María Luisa Albores es prácticamente la misma que ya existe, sólo cambiará de nombre para borrar la que es quizá la peor mancha de corrupción, al menos de manera pública, del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador.


Para asegurar la soberanía alimentaria, el segundo piso de la Cuarta Transformación anunció una estructura en la que se fusiona la administración de las empresas paraestatales Liconsa y Diconsa, encargadas de la comercialización de leche y canasta básica en localidades rurales y de alta marginación, y se le adiciona el manejo de los precios de garantía. En pocas palabras hablamos de que será un esquema idéntico al de Segalmex, con la salvedad de que se le cambiará el nombre a la nueva dependencia por el de “Alimentación para el Bienestar”.

Según se detalló, la nueva empresa tendrá la misión de vincular a los pequeños y medianos productores agropecuarios de manera directa con las que serán las “Tiendas del Bienestar”, para terminar con los intermediarios que se pueden quedar con hasta 60 por ciento de los recursos involucrados en la cadena de valor, un objetivo que ya se había tratado de implementar en la fallida Seguridad Alimentaria Mexicana, pero no prosperó.

A la letra, el anuncio de la próxima administración fue que “esta nueva área se encargará de operar los Precios de Garantía, un programa que tiene como objetivo mejorar el ingreso y calidad de vida de los pequeños y medianos productores de granos básicos y leche; así como la autosuficiencia alimentaria”, algo que según el “Manual de Organización” de Segalmex ya debía ocurrir.

Las atribuciones de la nueva empresa son prácticamente las de Segalmex. Están vigentes la de “coordinar la adquisición de productos agroalimentarios a precios de garantía a los productores y regiones nacionales… y apoyar a los productores nacionales adquiriendo sus productos agroalimentarios”.

Además, se mantiene el “apoyar a pequeños y medianos productores agropecuarios para mejorar su ingreso, así como garantizar el acopio eficiente de alimentos básicos y leche para propiciar el bienestar de las comunidades más vulnerables, contribuyendo a la autosuficiencia alimentaria de nuestro país”.

Para lograrlo, se estableció en su momento un organigrama en el que de la dirección general, que inició perteneciendo a Ignacio Ovalle y ahora ostenta Leonel Cota, dependían seis direcciones con sus respectivas gerencias y subgerencias; todas ellas diseñadas para cubrir las necesidades administrativas y operativas de las tres empresas. Todas estas se mantienen.

La dirección comercial, por ejemplo, tiene una gerencia de abasto de abarrotes y leche; mientras que una dirección de precios de garantía y estímulos tenía sus respectivas divisiones para concentrar los padrones de productores, administrar los centros de acopio y hacer la logística para la distribución en las 25 mil tiendas que están distribuidas en todo el país.

Para ejecutar todas sus funciones, Segalmex tenía en su organigrama una Unidad de Administración y Finanzas que, a su vez, manejaba subgerencias para Diconsa, Liconsa y para Precios de Garantía; o sea, la estructura que tomará en breve María Luisa Albores es prácticamente la misma que ya existe, sólo cambiará de nombre para borrar la que es quizá la peor mancha de corrupción, al menos de manera pública, del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador.