Jorge Nuño Lara, al dejar su cargo como titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), entrega una dependencia con un adeudo cercano a los cuatro mil millones de pesos. Este monto está vinculado a 10 proyectos carreteros aprobados en el Presupuesto Federal del año en curso. Pero este saldo pendiente es solo una parte de un problema más amplio, que incluye cancelaciones de licitaciones, desvíos de recursos y una administración cada vez más opaca.
En los últimos siete meses, empresas como Hermes, INDI, Mota Engil e ICA, responsables de operar y mantener más de cuatro mil kilómetros de caminos libres de peaje, no han recibido los pagos correspondientes a sus contratos. Estas deudas afectan tramos clave como Arriaga–Tapachula, Tampico–Ciudad Victoria y Campeche–Mérida, que la SICT ha ignorado sin explicación.
El retraso en los pagos parece estar relacionado con la cancelación de licitaciones y proyectos carreteros. Por solicitud de la SICT, Banobras canceló contratos de mantenimiento en los libramientos de Villahermosa y Chihuahua, que sumaban cerca de dos mil millones de pesos. Esos fondos, originalmente destinados al mantenimiento de infraestructura, se redirigieron a otros proyectos del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), sin claridad sobre su destino final.
Estas cancelaciones no solo perjudicaron a las empresas involucradas, sino que también preocupan a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC). La CMIC advierte que la falta de inversión en mantenimiento está deteriorando la infraestructura vial del país, afectando la competitividad de México. Solo el 30 por ciento de las carreteras están en buenas condiciones, y la suspensión de estos contratos podría empeorar esta situación.
La reciente transferencia de responsabilidades de mantenimiento carretero a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) complica aún más el panorama. El Coronel Francisco Javier Gutiérrez Sosa solicitó a Nuño Lara la información necesaria para que el Ejército asuma esta tarea, que tradicionalmente ha sido gestionada por la SICT y constructoras especializadas. Esta decisión ha sido criticada.
El presupuesto de 31 mil millones de pesos asignado al Programa Plurianual de Conservación de la Red Federal de Carreteras Libre de Peaje para 2024 ahora está bajo control del Ejército, sumándose a los recursos para proyectos como el Tren Maya. Esto genera dudas sobre el manejo de recursos públicos y la efectividad de las decisiones tomadas por Nuño Lara en la SICT.
La falta de transparencia en la reorientación de fondos y el incumplimiento de los pagos a las empresas constructoras podrían traer serias consecuencias legales y financieras para Jesús Esteva Medina, próximo titular de la SICT. Si esta situación no se resuelve antes del cambio de administración, se heredará no solo un adeudo millonario, sino también una serie de cuestionamientos sobre la gestión de recursos que podrían dañar la reputación de la dependencia.
