Inconscientemente quizá, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y legisladores que lideran las cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión, Ricardo Monreal y Adán Augusto López, respectivamente, le están dando al pueblo la pauta para actuar fuera del régimen legal, hacer lo que le venga en gana y vivir en una anarquía total.
Solo a la presidenta Sheinbaum se le ocurre declarar públicamente que no se someterá a lo que establece la Constitución que, apenas hace 26 días, juró guardar y hacer guardar.
En total desacato se reveló contra el dictamen girado por una juez que ordenó el retiro de la reforma judicial del Diario Oficial de la Federación (DOF).
Adán Augusto López, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Senado de la República, y Ricardo Monreal Ávila, líder de ese mismo órgano en la Cámara de Diputados, se atrevieron a proponer una nueva reforma que impide cualquier inconformidad a las modificaciones que proponga el poder Ejecutivo y Legislativo, en manos de Morena.
Solo hace falta que un diputado o senador del oficialismo se pare en la tribuna y diga a los cuatro vientos que se acabó la república en México, que ya no es un estado federado, que ya no hay partidos políticos y que concluyó la propiedad privada y pasa a ser del Estado.
De esa forma lograrían no solo eliminar sino sepultar el sistema democrático para establecer, oficialmente, una dictadura que traería una verdadera desgracia a los mexicanos y mexicanas. ¿Será que por eso votó la mayoría de los ciudadanos el 2 de junio pasado?
Hoy más que nunca se necesita que la oposición no se doble ni mucho menos se quiebre, además, debe permanecer unida para enfrentar a ese poder ensoberbecido que piensa que puede hacer con México lo que le venga en gana, como si el país fuera de su propiedad.
El senador Alejandro Moreno, presidente del PRI nacional, ha dicho con claridad que se busca destruir el régimen de instituciones y el sistema judicial, porque el dictamen presentado por las comisiones unidades viola el principio de control constitucional, el de no retroactividad y derechos humanos.
Esta propuesta viola la supremacía constitucional que es el respeto a la Constitución, elimina la posibilidad de presentar inconformidades contra reformas que no sean legales, que incurran en inconsistencias, que sean fraudulentas y generan un clima de inseguridad y falta de confianza al estado de derecho.
Si los mexicanos que no comulgan con Morena habían pensado que en el desgobierno de Andrés Manuel López Obrador se había vivido una etapa de irrespeto a la legalidad que no podía ser superada, nadie se imaginaba que, desde el Senado de la República, Adán Augusto López Hernández se atreviera a proponer tal ocurrencia en días pasados, con el propósito de debilitar las instituciones de la república.
La propuesta busca prohibir la impugnación no solo de reformas y controversias de acciones constitucionales, sino también limita la capacidad de los ciudadanos y de los poderes públicos para cuestionar actos que podrían atentar contra la propia Constitución.
Es decir, para quienes ahora gobiernan es necesario que el poder que ostentan no tenga límites, a efecto de que puedan modificar el marco legal a su antojo, por eso quieren acabar con la supremacía constitucional. Esa es la esencia de este gobierno.
“Con las dos terceras partes y la facultad de los congresos locales van a decir que tienen el súper poder para modificar la Constitución a la hora que les dé la gana”, señaló Alejandro Moreno en el Senado.
Con estas acciones pretenden socavar el principio de supremacía constitucional para que el poder reformador actúe con una potestad sin topes, aun cuando puedan poner en riesgo la permanencia de la república, pues quieren hacer del Poder Judicial un esclavo del poder, como ya lo es también el Legislativo con la mayoría calificada en ambas cámaras.
Para darnos una idea de las cosas, es preciso comentar que la supremacía constitucional en México es la norma suprema del país, y todas las leyes y actos de autoridad deben ajustarse a los preceptos de la Carta Magna, lo cual implica el fortalecimiento del Estado de Derecho, para contar con un sistema jurídico más justo.
También juega un papel importante en la estabilidad política del país, mediante un marco jurídico claro y respetado, al proporcionar mecanismos para resolver disputas y asegurar que las decisiones del gobierno se realicen dentro del marco legal.
Esto también fomenta la participación ciudadana y la exigencia de rendición de cuentas a los gobernantes, sin embargo, queda claro que la transparencia no es el fuerte de los gobiernos de Morena, porque también han socavado y eliminado las instituciones que exigen pulcritud en el desempeño de sus funciones.
Al no permitir a la representación del pueblo en el Congreso de la Unión que impugne reformas inconstitucionales, Morena quiere llevar al sistema judicial a la incapacidad para hacer cumplir la Constitución, y seguramente, reinar con el imperio de la corrupción y la impunidad.
Sassón
Adán Augusto López tiene antecedentes de ser autoritario al cien por ciento. En los tres años que mal gobernó Tabasco impuso una reforma a la Constitución local que destruyó la elección democrática de los delegados municipales. Javier May tuvo que entrar a corregir semejante abuso de poder.
