La reforma judicial no es más que el desmantelamiento de ese poder del gobierno, con el propósito de que Morena no tenga contrapesos y se convierta en el partido absoluto, además de poner en riego la imparcialidad de las resoluciones que se emitan en el futuro.

Los foros nacionales que se están llevando a cabo, con la finalidad de socializar el tema, es solo una justificación popular para llevar a cabo el plan que, desde el Palacio Nacional, ya tenía planeado el presidente Andrés Manuel López Obrador y que no había podido ejecutar porque no contaba con la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, ni la del Senado de la República.

Digamos que la elección del 2 de junio le vino como anillo al dedo a quienes ostentan el poder, pues con el Ejecutivo y el Legislativo en sus manos, a partir del 1 de septiembre, será más fácil apropiarse del Judicial y así no tener nada ni nadie que les tropiece el camino para consolidar sus planes.

Sin embargo, una vez que aprueben las reformas al Poder Judicial y decidan elegir por voto popular a ministras, ministros, magistradas, magistrados, juezas y jueces, es un hecho que destruirán la carrera judicial y, con ello, la procuración y administración de justicia podría convertirse en un verdadero problema para el país.

Supongamos que ministros y ministras, magistrados y magistradas son propuestos por partidos o personas afines al gobierno de Morena y ganan, pero jueces y juezas se les salen de control y gana quienes representen otros intereses. Ahí es seguro que las resoluciones ya no serían del todo imparciales y la justicia estaría a favor de intereses desconocidos.

Además, según comentan especialistas en materia de derecho, hacer a un lado la carrera judicial sería tirar por la borda toda la preparación, experiencia y capacidad de quienes ahora se desempeñan en esos cargos, para sentar a advenedizos que solamente actuarían de acuerdo a intereses personales, de grupo y de partidos.

La justificación que los interesados en llevar a cabo estas reformas dan, es que en Estados Unidos y en otros países se eligen bajo ese método.

Sin embargo, en el vecino país del Norte se llevan a cabo elecciones judiciales, partidistas o no, para designar jueces en diferentes estados, solo que allá el sistema político es totalmente distinto al de México.

Los estados donde se realizan elecciones de este tipo son Alabama, Illinois, Louisiana, Nuevo México, Arkansas, Mississippi, Dakota del Norte, Carolina del Norte, Pensilvania, Texas, Washington, Virginia, Wisconsin, Georgia, Idaho, Kentucky, Minnesota, Montana, Nevada y Oregón.

Las elecciones no partidistas en algunos de estos estados se adoptaron para restaurar la integridad de los tribunales y, al mismo tiempo, de romper el dominio de los partidos políticos en la selección de los jueces. Es decir, aún en otros países los intereses de partido han perjudicado la impartición, procuración y administración de justicia.

Volviendo con la carrera judicial, quienes conocen profundamente del tema, porque además son parte de ella, aseguran que para ingresar al Poder Judicial, en este momento, se llevan a cabo exámenes de oposición que no son nada fáciles de aprobar.

Para ser secretario judicial, por ejemplo, primero necesitan una vasta preparación académica para inscribirse, luego presentar una evaluación, después de eso someterse a cursos de capacitación para que lleguen sumamente preparados a ejercer los cargos.

La persona que aspira a ser juez o jueza, dicen los especialistas, tiene que someterse a un procedimiento tres veces más difícil que el anterior, por ello, los que llegan a magistrados, magistradas, ministros o ministras, son aquellos o aquellas que tiene un bagaje de conocimientos y experiencias jurídicas muy extenso.

Es decir, no es como proponer a una persona que compró un título o un doctorado, que plagió una tesis y que solo por ser amigo o amiga y defender los intereses de un movimiento o partido político, fue incrustado o incrustada en el Poder Judicial para torcer la justicia a favor de sus intereses creados.

Además, los foros debieron hacerse antes de, para consultar a los que verdaderamente tienen que ver con el tema, pero está visto que en el gobierno de la cuarta transformación solo buscan darle atole con el dedo al pueblo y utilizar a los 35 millones de personas que reciben apoyo social, pobres y no tan pobres, porque recordemos que la ayuda es universal en algunos casos.

Sassón

El Poder Judicial, como todo, necesita actualizarse mediante una reforma, pero tal vez no en las condiciones que se pretenden. En este momento, hasta los que se quedaron con la espina clava de ser presidente de la república están preparando propuestas para encabezar la SCJN en unos meses más adelante.