La lucha en México es de poder a poder. El Ejecutivo pretende someter al Judicial, y, para ello, se vale de la mayoría que el partido oficial tiene en el Legislativo. El enfrentamiento prácticamente revela un esquizofrénico deseo de venganza del presidente Andrés Manuel López Obrador, en contra de quienes no han sido sumisos a sus deseos de “transformar” las leyes para favorecer sus ambiciones imperiales.
La mentira más certera para manipular a la gente y hacer que levante la mano para pedir que los jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministros y ministras sean electos por voto popular, es que todos son corruptos y que no hacen justicia al pueblo.
Sin embargo, el régimen de la 4T no reconoce que quienes procuran justicia son los ministerios públicos y las que investigan delitos son las policías. Ambas instituciones están sometidas al imperio del Poder Ejecutivo, aunque las fiscalías se supone que deben ser autónomas.
Ahí es donde realmente está el mal, porque los jueces dictaminan sentencia en función de las carpetas de investigación que les proporcionan las fiscalías del Ministerio Público y, como todos en México saben, las investigaciones policiacas están torcidas por la corrupción que genera una desmedida y creciente impunidad.
Esa es la mentira repetida una y mil veces por el Ejecutivo, secundada desde el Legislativo por Ricardo Monreal en la Cámara de Diputados y Adán Augusto López en el Senado de la República. Con eso no solo han manipulado a una población ignorante de estos asuntos, sino que han causado, inclusive, daño moral a muchos de los que se desempeñan como empleados en el Poder Judicial.
Además, la aprobación de la reforma en la Cámara de Diputados, con 357 votos a favor y 130 en contra, fue un duro golpe del oficialismo a la justicia mexicana, pues ni siquiera analizaron el documento y soslayaron las protestas de la clase trabajadora, juzgadoras y juzgadores del Poder Judicial, así como estudiantes de derecho de diferentes instituciones superiores, incluida la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), en la tierra del presidente López Obrador.
Al gobierno mexicano no le han importado los pronunciamientos de las embajadas de otros países, agencias de las Naciones Unidas, bancos de inversión y calificadoras crediticias que advierten de los riesgos de la iniciativa para la impartición de justicia, la división de poderes, el respeto a los derechos humanos, la estabilidad económica y la democracia.
El propósito de López Obrador es cumplir su venganza, sin importar las consecuencias para los mexicanos que solo están a la expectativa de una crisis, pero desafortunadamente no hicieron mucho el 2 de junio para frenar con sus votos estos excesos que ya se veían venir.
Desde el Poder Legislativo, la oposición ha hecho lo correspondiente para detener este atropello. Alejandro Moreno Cárdenas ha liderado a su rebaño en el Congreso de la Unión para mantenerlo unido en contra de la reforma judicial.
Es preciso mencionar que en la Cámara de Diputados, por ejemplo, solo existe un tabasqueño que se ha erigido como voz opositora: el priista Erubiel Alonso Qué, ya que José Sabino Herrera (ex del PRD), como todo el mundo sabe, vendió su dignidad por unas monedas y perdió la oportunidad de pasar a la historia como alguien con el valor y el tamaño suficiente, para defender la causa por la que los tabasqueños votaron para que ocupara una curul en el Senado de la República.
Sin embargo, ante todo este problema que se ha generado y que por lo menos ha disparado el dólar a 20 pesos en México, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) solicitó el martes pasado, al Pleno de la Suprema Corte (SCJN), atraer el dictamen de la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF) y ordenar la suspensión del procedimiento de discusión.
Ante la consulta a la que Norma Piña, presidenta de la SCJN sometió está propuesta con los demás magistrados, el presidente López Obrador afirmó que una hipotética suspensión de la reforma judicial por parte de la SCJN sería una "arbitrariedad".
El mandatario mexicano no quiere obstáculos para cumplir su deseo de apoderarse del Poder Judicial y luego destruir la actual Constitución para elaborar otra a modo, sin ningún contrapeso. LAS arbitrariedades que él comente no son reconocidas, solo se limita a injuriar a los que no están sometidos a sus caprichos.
Sassón
No sé por qué, pero presiento que Claudia Sheinbaum se fue de luna de miel para no aparecer como cómplice de las intemperancias de su promotor. Como buena política profesional ha aceptado imposiciones y demás, pero una vez que proteste el cargo, le crucen la banda presidencial en el pecho y se siente en “La silla embrujada”, las cosas serán distintas pues seguramente no cargará muertos ajenos que le pudran la espalda. Al tiempo.
