Lo más grave de la venganza política que el presidente Andrés Manuel López Obrador pretende cobrar en contra del Poder Judicial de la Federación (PJF), ya no es simplemente el atentado contra la independencia judicial y la democracia, sino contra todo el pueblo de México que está a punto de vivir una de sus peores crisis jurídica, política, social y económica, si el Ejecutivo nacional se empeña en llevar a cabo las reformas caprichosamente planteadas.
El lunes de esta semana que concluye, el personal administrativo del PJF se declaró en paro porque la transformación de la ley violenta sus derechos. El jueves se sumaron jueces, juezas y magistrados de todo el país, quienes también ven amenazadas sus garantías, al pretenderse la extinción de la carrera judicial mediante un proceso de selección por tómbola.
Si el presidente López Obrador había pensado que destruir el Poder Judicial mediante una reforma, sería algo así como "enchílame otras gordas", parece que no se detuvo a cavilar ni midió las consecuencias de enfrentar a verdaderos eruditos de la ley y se dejó llevar por abogados cachirules que le aconsejaron la procedencia de semejante aberración.
Los juzgadores y empleados del PJF, una vez que vieron totalmente desafiados sus derechos, recurrieron a todo lo que estaba a su alcance para defenderse a capa y espada, incluidos acuerdos internacionales que los facultan a paralizar la administración de justicia en México, si es que así lo determinan.
Si eso no estaba en los planes del autoritario López Obrador, mucho menos estaba la reacción de Estados Unidos de Norteamérica y Canadá, a través de sus respectivas embajadas, que advirtieron el peligro que corre el tratado comercial (T-MEC) entre los tres países y el retiro de la inversión de sus hombres de negocios en México.
Esto apenas empieza, gracias al capricho de un hombre afanado por vengarse del PJF y que vio la oportunidad de cerrar con broche de oro su mal gobierno con un desastre político, jurídico y financiero, provocado por la desarticulación de un contrapeso que se ha opuesto a otras de sus arbitrariedades.
El punto sería ver si la futura presidenta Claudia Sheinbaum está dispuesta a cargar con el infortunio que le espera en los siguientes seis años, si se ejecuta la reforma, se retiran los capitales, se cancela el TMEC y la economía sufre una catástrofe en el país al arranque de su gobierno.
Sería un precio muy alto a pagar, tan solo por ser sumisa a los caprichos vengativos de López Obrador, quien hasta ahora ha demostrado que tiene mucha capacidad para no perder el protagonismo y por ello se hace acompañar de Claudia Sheinbaum en sus giras por todo el país.
Ahora, si los motivos de la reforma judicial y la mayoría calificada en el Congreso de la Unión son otros, entonces la futura primera presidenta de México se tendrá que someter a lo que le mande y ordene su antecesor.
Reitero, si se degrada la calificación de la inversión en México, los capitales corren mucho riesgo por las disposiciones legales de sus propios países y se verán obligados a retirar sus fondos del territorio mexicano.
Ante esa terrible realidad es que el régimen actual necesita urgentemente la mayoría calificada, para disponer de 130 mil millones de dólares del Banco de México, porque ya se acabaron los fondos habidos y por haber y, lo que se espera, según dicen algunos especialistas, es una crisis económica a partir de 2025.
Ante estos problemas, el oficialismo ha empezado a generar la especie de que el aguerrido presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, negociará los votos de su fracción parlamentaria en el Congreso de la Unión, para lograr la mayoría calificada que tan nerviosos tiene a los morenistas.
Se intuye que quien ha empezado a circular el rumor es Adán Augusto López Hernández, quien se erigirá, a partir del 1 de septiembre, como líder de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República.
Ese podría ser otro error político de quienes ostentan el poder, porque si piensan negociar con Alito deberían cuidar las formas, porque parece que no se han dado cuenta que el campechano no se dobla ni mucho menos se quiebra y va hacia adelante ante la adversidad.
Sassón
“Si no hay justicia para el pueblo, que no haya paz para el gobierno”, frase lapidaria del Caudillo del Sur.
