Ante el recrudecimiento de la violencia en su contra y sin que alguna asociación o dirigente los haya articulado, los periodistas han iniciado una vistosa por singular protesta como no se había registrado antes, lo mismo en Tijuana, que en Chihuahua, Nayarit, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México que en Chiapas.

Más allá del choque de trenes protagonizado por Carlos Loret de Mola y el presidente Andrés Manuel López Obrador, los reporteros de a pie han comenzado una movilización nacional que ha ido escalando, con manifestaciones en sus áreas de trabajo como ruedas de prensa donde deciden no hacer preguntas y se quedan cruzados de brazos.

Lo más simbólico de estas manifestaciones se dio hace días que comunicadores que cubren la fuente presidencial le dijeron a López Obrador que no le harían cuestionamientos a manera de inconformidad.

Aunque no se trata de un problema que empezó en el gobierno de la llamada ‘Cuarta transformación’, es posible que la ‘patente de corso’ a los criminales para matar periodistas haya adquirido carta de naturalización con la narrativa del jefe del país de descalificarlos junto a sus medios.

La ola de manifestaciones en provincia comenzó tras de que el pasado 23 de enero asesinaran en Tijuana a la periodista Lourdes Maldonado, quien mantenía un litigio laboral con una empresa de comunicación propiedad del exgobernador morenista Jaime Bonilla.

El caso representó la gota que derramó el vaso porque Maldonado ya había pedido ayuda al presidente durante una conferencia mañanera, y López Obrador le respondió que se iba a proteger su integridad, lo cual no ocurrió.

A partir de entonces una semilla germinó en la conciencia de los informadores y sin que algún dirigente u organización gremial, de esas que abundan pero no actúan en situaciones de emergencia como la actual, determinaron salir a las calles a manifestar su inconformidad ante el aparente permiso oficial dado a la muerte.

El tabasqueño se vio obligado a actuar y envió funcionarios federales de primer orden a Tijuana para esclarecer el asesinato de Lourdes, lo que dio como resultado que tres presuntos autores materiales ya estén en la cárcel, mientras se sigue la pista del responsable intelectual.

Aquí cabe mencionar que en dos ocasiones el jefe del Ejecutivo ya “exoneró” a su correligionario Jaime Bonilla, pese a que debe ser la autoridad competente la que al cierre de sus investigaciones determine si el exmandatario estatal es inocente de las imputaciones que le hace el gremio por ser uno de los interesados en silenciar a Maldonado.

El presidente no puede presumir, sin embargo, que esté ayudando a un gremio ancestralmente desprotegido mientras no ordene resolver el problema que mantiene cerrada desde hace dos años a la agencia gubernamental Notimex, cuyo problema ha dejado sin trabajo a muchos periodistas, incluido el autor de esta columna que era (o es, ya ni se sabe) el corresponsal en Tabasco.

PARA SU INFORMACIÓN

EN EL RECIENTE encontronazo entre Carlos Loret y López Obrador, solo dos funcionarios han salido en defensa del tabasqueño. El primero fue el secretario de Gobierno, Guillermo del Ribero, que contestó en Twitter al señalamiento del exgobernador Roberto Madrazo Pintado de que AMLO reprimía a periodistas. El otro es el diputado Jaime Lastra Bastar, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, quien le dijo a reporteros que el presidente respeta a periodistas, medios de comunicación y a la libertad de expresión.