Andrés Llanos

La Reforma al Poder Judicial, más que resolver el problema de la falta de justicia para los ciudadanos, lo que en realidad pretende, es ejecutar una venganza en contra de los jueces de la SCJN, mismos que en salvaguardo del Estado de Derecho y en cumplimiento de su deber; en reiteradas ocasiones frenaron los excesos violatorios de la Constitución, por parte del entonces presidente López Obrador.

Aunque se esperaba que ya investida como Presidenta de México, Claudia Scheinbaum diera un golpe de timón para mostrar el cambio de administración y un estilo propio; hasta ahora eso no ha ocurrido y la convulsión del país continúa en las calles y en las Cámaras legislativas.

Es lógico pensar que al tener un gabinete con numerosos personajes pertenecientes al López-obradorismo y cientos de diputados y senadores que conforman una mayoría afín a los designios del que se fue; la mandataria

trata de gobernar con un reducido margen de negociación.

Sin embargo, la forma como la presidenta está enfrentando los problemas del país, revela en cierto grado su intención de continuar por la misma línea de gobierno desarrollada por su antecesor.

La decisión de mantener a la CFE y PEMEX como empresas del Estado a pesar de las millonarias pérdidas que demuestran su improductividad y significan una pesada carga económica para las finanzas publicas; es un mensaje claro de mantenerse en el error.

Ambas empresas en las condiciones actuales, representan un boquete por dónde continuará saliendo el dinero de los contribuyentes tirado a la basura.

Pese a los errores contenidos en una Reforma al Poder Judicial hecha al vapor y sus leyes secundarias vía fast track; la presidenta ha continuado con el proceso al ritmo de “la reforma va” e ignorando los mandatos de los jueces en el sentido de detener la aprobación y hasta la publicación en el Diario Oficial de la Federación(DOF).

Mientras el diputado Ricardo Monreal fustiga al INE para que ignore el mandato de un amparo y continúe con la organización del proceso, cuyas fechas y cargos a elegir ya pasaron por la “tómbola de la democracia” en el congreso.

Por su parte, la presidenta se radicaliza y sostiene que no van a quitar la publicación del DOF y que además van a denunciar en el Consejo de la Judicatura a la jueza federal, Nancy Juárez Salas, quien emitió el ordenamiento con plazo de 24 horas para su cumplimiento o en su defecto dará aviso al ministerio público.

La Reforma del poder judicial es para que el pueblo tenga justicia, sostiene la narrativa gubernamental.

Curiosamente la impartición de justicia comienza su largo recorrido en las Fiscalías, organismos que no pertenecen al poder judicial sino al ejecutivo.

La elección de jueces por la vía popular no va a resolver el problema, por el contrario se agravará por la parcialidad y la utilización a conveniencia del gobierno en turno, al desaparecer la división de poderes y el contrapeso que el Poder Judicial significa para con el poder presidencial.

Tanto en el ámbito federal como en los estados, la clave está en las fiscalías, donde tantos escándalos han habido, precisamente porque los titulares responden a los intereses de los gobernadores.

En la era actual de la cuarta transformación, la fiscalía de la República de Alejandro Gertz Manero, fue utilizada para arremeter contra familiares y adversarios políticos.

Ernestina Godoy fue destituida por la asamblea legislativa de la CDMX, por una clara utilización parcial de la justicia.

Y recientemente, la misma fiscalía capitalina sirvió de tapadera para evitar la detención del ex gobernador panista de Chihuahua, Javier Corral, hoy funcionario del gobierno de la 4T.

CASO TABASCO

La propuesta para contrarrestar la violencia y contribuir a la procuración de justicia en estados como Tabasco, ha sido nombrar a militares al frente de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), así como en la Fiscalía del Estado.

Pero por simple lógica, estos nombramientos que pretenden endurecer el combate a la delincuencia no son suficientes.

La impartición de justicia debe pasar por la revisión y mejoramiento de las condiciones de trabajo de los elementos de la policía, es decir salarios, prestaciones, equipo táctico, condiciones de trabajo, atención de la salud física y mental, entre otros; de lo contrario poco se puede avanzar.

Es decir que lo que debería estar sobre la mesa, es el tema de la reforma laboral a las fuerzas policiacas, con miras a garantizar una mejor impartición de justicia.

Es en las fiscalías donde los ciudadanos denuncian los delitos, se instauran las carpetas y se llevan a cabo las investigaciones para integrar las pruebas que se turnan al ministerio público.

La queja recurrente en la fiscalía de Tabasco es que no se investiga, que los elementos solicitan dinero para la gasolina y para realizar la investigación de los delitos denunciados.

En una revisión a la policía de investigación de la Fiscalía del Estado, su plantilla contempla alrededor de 800 elementos, muchos de ellos presentan situación de incapacidad médica y otros tantos están asignados como escoltas de empresarios y funcionarios de gobierno de alto vuelo.

El personal restante realiza su labor en campo, en un esquema de 24 horas de trabajo por 24 de descanso, son largas jornadas en cumplimiento de los requerimientos judiciales y ministeriales.

Los salarios de la policía de investigación son inferiores a los establecidos para la policía estatal.

La dotación de uniformes es cada dos años, siendo ropa de calidad cuestionable, que con el clima del estado causa mayor sudoración y deshidratación.

Hay escasez de equipos de comunicación, radios y celulares de la corporación, para evitar el uso de equipos personales.

El parque vehicular es reducido por las pésimas condiciones de las unidades, ante la falta de mantenimiento.

Anteriormente se les asignaba la cantidad de 150 litros semanales de gasolina, en tiempos de la campaña se redujo a solo 80 litros, para salir a realizar el trabajo hasta en los municipios más apartados del estado.

El abandono en la fiscalía es tal, que carece de barda perimetral en resguardo de sus instalaciones.

Así, más allá del nombramiento de militares para abonar a la impartición de justicia, lo primero es conocer el funcionamiento de las policías, la realidad presupuestal y las condiciones laborales del personal; más que endurecer las condiciones de trabajo a los empleados y sembrar la incertidumbre de los despidos; situación que en nada coadyuva al objetivo principal de garantizar seguridad y justicia a los ciudadanos.

EN TÉRMINOS LLANOS

Agradezco al Heraldo de Tabasco y al Lic. Ángel Vega, la oportunidad de platicar con los lectores.

Gracias. Hasta la próxima.

anllaco@hotmail.com