La orden del gobernador Javier May de encomendar a la Sedena la construcción de obras civiles en Tabasco, entre ellas el nuevo hospital Rovirosa y las instalaciones de la Secretaría de Seguridad estatal, ha generado un fuerte debate en el Congreso local.
La polémica refleja una tendencia que se ha consolidado en los estados morenistas desde la administración del expresidente López Obrador, quien durante su sexenio triplicó la asignación de obras civiles a las Fuerzas Armadas en comparación con los dos gobiernos anteriores.
May justifica la decisión al destacar la eficiencia y capacidad de los ingenieros militares, quienes han participado en proyectos de gran envergadura como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.
En su opinión, la participación de la Sedena garantiza que estas obras se concluyan en tiempo y forma, una necesidad urgente. Por otro lado, la oposición en el Congreso local ha expresado su preocupación, destacando el impacto sobre el empleo local y como los riesgos de “militarización” de la obra pública.
La coordinadora de Movimiento Ciudadano, Patricia Lanestosa, advirtió que de llevarse a cabo esta estrategia, el gobierno estaría "militarizando" la obra pública, lo que podría tener consecuencias más amplias sobre la economía local.
Lanestosa señala que otorgar las obras a la Sedena implicaría que las empresas tabasqueñas quedarían fuera de la competencia, afectando gravemente la generación de empleo en el sector de la construcción.
El perredista Javier Cabrera también se mostró en desacuerdo, afirmando que esta decisión podría privar a las empresas locales de la oportunidad de participar en proyectos importantes para la región.
La contratación de empresas locales, dice Cabrera, fomenta la economía estatal y crea una cadena de empleos y desarrollo que beneficia a los ciudadanos.
La preocupación de los opositores al involucrar a los militares en la construcción de obras se centra en que esta decisión lleve a una pérdida significativa de empleos locales, precisamente en un sector económico que aún enfrenta dificultades para recuperarse tras la pandemia.
Del lado de Morena, Jorge Bracamonte asegura que los ingenieros militares son una opción confiable. Su experiencia, argumenta, es indiscutible.
El AIFA, la construcción de puentes internacionales y otras obras federales realizadas por la Sedena durante los últimos años son ejemplos, explica, de que cuando los militares están a cargo, los proyectos se completan en plazos razonables y con un control más estricto.
Dice ‘Braca’ que contar con el respaldo de los militares es una garantía de que las obras se llevarán a cabo sin sobresaltos, sin interferencias externas o riesgos de corrupción que a veces aquejan a las constructoras privadas.
Este debate local no es exclusivo de Tabasco.
En otros estados gobernados por Morena, como Sonora y Baja California, la Sedena y la Marina se han hecho cargo de una gran cantidad de obras civiles, desde aduanas hasta viaductos. El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) ha señalado que, durante el sexenio de López Obrador, la participación de las Fuerzas Armadas en la construcción de obras públicas llegó a niveles sin precedentes, alcanzando un total de 2,823 obras entre 2019 y 2023, un número tres veces mayor que el registrado en los dos gobiernos anteriores.
El IMCO advierte sobre los riesgos asociados con esta tendencia, destacando la falta de transparencia en los convenios de colaboración entre las Fuerzas Armadas y las instituciones civiles.
Además, aunque la ley permite la participación de la Sedena en obras públicas, la creciente presencia del Ejército en el ámbito civil alerta sobre el riesgo de que las Fuerzas Armadas terminen por absorber más funciones de las que les corresponden.
En última instancia, la decisión de Javier May plantea una disyuntiva: por un lado, la participación de los militares en la construcción de obras garantiza que proyectos esenciales para el estado se ejecuten sin contratiempos.
Por otro, esta misma decisión puede generar consecuencias negativas para el desarrollo económico local y contribuir a una mayor "militarización" de la vida pública, un fenómeno que ha sido criticado por diversos sectores de la sociedad.
El debate está abierto, y en los próximos meses los tabasqueños seguirán reflexionando sobre los pros y contras de una estrategia que marca tendencia en el resto de las entidades gobernadas por Morena.
: LA RÚBRICA
El dron adquirido en la administración de Arturo Núñez, que no solo no funciona, sino que tampoco es viable repararlo, ha generado un nuevo foco de controversia. Con un costo de 12 millones de pesos, la compra de este equipo se suma a una lista de decisiones cuestionadas, y la reacción del diputado local del PRI, Fabián Granier, es clara: exigir responsabilidades. Fabián acusa al gobierno de ANJ de mal manejo de recursos públicos, asegurando que se compraron “cosas inservibles” sin realizar los estudios de factibilidad necesarios. Este caso expuesto por el gobierno de Javier May resalta la necesidad de una mayor transparencia en las adquisiciones públicas. El que un equipo tan costoso haya sido comprado sin un adecuado estudio previo de viabilidad o mantenimiento, deja en evidencia un presunto expediente de corrupción…La reciente incorporación de tres tabasqueños al equipo del secretario de Educación, Mario Delgado Carrillo, es una noticia que deja sensaciones encontradas. Se trata, en principio, de tres miembros de la corriente adancista, estrechamente ligados al exgobernador Adán Augusto López. Sin embargo, las designaciones no han estado exentas de críticas y cuestionamientos dentro del morenismo local. En primer lugar, el nombramiento de Manuel Rodríguez González como director General de Admisión en la Unidad para la Carrera de Maestras y Maestros de la SEP podría parecer poco para él, considerando su destacado perfil. Rodríguez fue presidente durante seis años de la Comisión de Energía en San Lázaro, reconocido por su brillante capacidad técnica y política. No obstante, el cargo que se le otorga no parece estar a la altura de su trayectoria. Por otro lado, la designación de Adrián Hernández Balboa ha generado una creciente inconformidad dentro del morenismo tabasqueño. Hernández, quien fue dirigente del PRI en Tabasco y es conocido por su cercanía con Jesús Alí de la Torre, ha sido cuestionado por su pasado político, lo que genera malestar en algunos sectores que consideran que el nombramiento podría restar coherencia a la imagen de transformación promovida por la actual administración. En un contexto donde la lucha contra el viejo PRI y sus prácticas es uno de los ejes de la actual narrativa del morenismo, esta designación no pasa desapercibida. A pesar de estas críticas, la designación de Mario Llergo como titular de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros, completa el cuadro de estos tres tabasqueños en el ámbito educativo federal.
