El gobernador Javier May busca esclarecer el destino de los recursos del Fideicomiso del ISSET y, en su caso, sancionar a los responsables de su quebranto financiero. En una medida necesaria para restaurar la estabilidad de un sistema de pensiones y jubilaciones que lleva años al borde del colapso, la Comisión de la verdad, instalada el martes por la 65 Legislatura, tiene la oportunidad histórica ayudar a que el Gobierno estatal rescate las finanzas de la institución y garantice la seguridad social de miles de trabajadores.

No obstante, su puesta en marcha conlleva varios retos, sobre todo si algunos de sus integrantes se desvían de sus objetivos y pretenden convertirla en una herramienta política.

Es fundamental que la Comisión no pierda de vista su objetivo principal: esclarecer las causas del quebranto y sanear las finanzas del Fideicomiso, para que las pensiones y jubilaciones de los trabajadores no sigan en incertidumbre.

La composición de esta Comisión es diversa y promete ser integral, con la participación de actores relevantes: desde la base trabajadora representada por los sindicatos, hasta funcionarios clave del Gobierno Estatal, como el secretario de Finanzas, Julián Enrique Romero, y la secretaria de la Función Pública, Mileyli María Wilson.

Además, el presidente de la Junta de Coordinación Política Jucopo, Jorge Bracamonte, destaca que el propósito de la Comisión es esclarecer los hechos y entregar los resultados a las autoridades para que actúen conforme a la ley.

En sus palabras, es importante que no haya consigna contra nadie, pero tampoco impunidad. Este es el tipo de postura que, sin lugar a dudas, debe prevalecer a lo largo de todo el proceso.

La neutralidad, la imparcialidad y la transparencia deben ser las piedras angulares de esta Comisión.

Si se desvían del camino trazado por el gobernador May, el único resultado posible será una dilución del impacto positivo que podría tener en su mandato.

Por tanto, no debe derivar en un proceso que busque satisfacer intereses políticos o, mucho peor, en un espectáculo para consumo de una parte de la ciudadanía ávida de escarnios públicos.

Lo cierto es que el quebranto financiero de ese fondo no es reciente, y aunque el detalle exacto del daño sigue siendo incierto, el propio mandatario ha señalado que se trata de una cifra que asciende a miles de millones de pesos.

Si bien la Comisión tendrá la tarea de identificar a los responsables de este desfalco, el análisis no debe detenerse en la simple búsqueda de culpables, sino en la resolución integral del problema.

¿De qué sirve llevar a juicio a unos cuantos responsables si, al final, los trabajadores del ISSET siguen sin garantías sobre el futuro de sus pensiones?

Por eso, el contexto es relevante.

Si bien la Comisión tiene la intención de evaluar la gestión de gobiernos pasados, como los de Manuel Andrade, Andrés Granier y Arturo Núñez Jiménez, no debe transformarse en un instrumento de justicia selectiva que intente "apretar" a unos y proteger a otros.

De acuerdo con los estados financieros disponibles, durante el mandato de Arturo Núñez se dejó en el Fideicomiso una suma irrisoria: apenas un millón 700 mil pesos.

Por otro lado, el gobierno morenista de Adán Augusto López y el interinato de Carlos Manuel Merino dejaron una reserva considerable de cerca de 33 millones de pesos.

Es fundamental que esta diferencia se refleje de manera justa en el análisis de la Comisión, sin caer en la tentación de usar la situación para crear una narrativa de "enemigos" y "aliados" según el signo político.

May sabe que no necesita legitimarse mediante enfrentamientos políticos, ya que su respaldo popular es incuestionable.

Con una victoria rotunda que le otorgó más del 80% de la votación, el mandato dado por los tabasqueños es claro: resolver los problemas estructurales de Tabasco, no enredarse en disputas que sólo retrasarían los avances en favor de la sociedad.

La Comisión debe actuar con un perfil estrictamente técnico, sin que algunos de sus miembros caigan en la estridencia política, ya que sólo serviría para alimentar sospechas de diversa índole.

El plazo de la Comisión es corto. Se comprometió a dar avances sustanciales para enero de 2025, lo cual es positivo, pero también una gran responsabilidad.

Este es el reto de los integrantes de la Comisión de la verdad: no perder de vista que lo más importante es ayudar a que el gobierno estatal rescate el sistema de pensiones y jubilaciones de los trabajadores.

Y en esto tienen mucha razón Javier May y Jorge Bracamonte: no caer en propósitos ajenos que sólo enrarecerían el clima social de Tabasco .

: LA RÚBRICA

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