La orden del gobernador para crear una Comisión de la Verdad, a fin de investigar la quiebra del fideicomiso del ISSET, ha generado una gran expectativa. Sin embargo, parece que esa Comisión la tendrá muy fácil, porque no tendrá que hacer grandes investigaciones ni prolongados análisis para llegar a una conclusión evidente: el responsable de la quiebra es el exgobernador perredista Arturo Núñez Jiménez.
La situación es clara. Al final del sexenio de Núñez, el fideicomiso del ISSET, que debía respaldar las pensiones y prestaciones de los trabajadores del estado, fue dejado en una condición raquítica, con fondos por apenas un millón 657 mil pesos.
Fue desastre financiero que no pasó desapercibido, como lo señaló en su momento el entonces director del ISSET, Fernando Mayans Canabal.
En repetidas ocasiones, Mayans alertó a la prensa sobre el estado crítico en que ANJ dejó el fondo de pensiones, e incluso lo documentó con el Informe sobre la Situación Económica, los Ingresos y Egresos Públicos del Estado de Tabasco del Cuarto Trimestre de 2018.
Las cifras no mienten, y este reporte deja en evidencia la severa negligencia de la administración perredista que estuvo al frente del estado de 2012 a 2018.
En contraste, el gobierno morenista iniciado por Adán Augusto López y terminado por Carlos Manuel Merino evitó un caos inminente.
A pesar de heredar un fideicomiso prácticamente en ceros, el pasado Gobierno logró estabilizar las finanzas y al final de su gestión, el fondo del ISSET contaba con 35 millones de pesos, un alza del 2000% respecto a 2018.
Además de aumentar el fondo, Adán y Merino pagaron de manera regular las jubilaciones, pensiones y prestaciones de los miles de trabajadores a lo largo de seis años, al tiempo que también se hizo frente a la deuda heredada por el ISSET, junto con sus intereses.
El logro fue resultado de una gestión eficiente en la Secretaría de Finanzas, encabezada sucesivamente por Said Mena, Luis Romeo Gurría y Lili de la Cruz Arias. Los tres estabilizaron el ISSET, resolviendo igual las crisis financieras dejadas por ANJ en Educación y Salud.
Los fríos números muestran que la anterior administración morenista estuvo comprometida con la recuperación financiera del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores.
Por eso es que el trabajo de la Comisión de la Verdad parece estar casi resuelto antes de empezar.
Dos documentos oficiales –la “Situación Económica, los Ingresos y Egresos Públicos del Estado de Tabasco del Cuarto Trimestre de 2018”, y el “Informe sobre la Situación Económica, los Ingresos y Egresos Públicos del Estado de Tabasco del Segundo Trimestre de 2024”– tienen la información que buscan.
Las cifras están sobre la mesa, y los informes oficiales de ambas administraciones no dejan lugar a dudas: la quiebra de la institución pública no fue producto del azar ni de una mala racha financiera, sino de un manejo negligente que tuvo consecuencias graves para los trabajadores al servicio del estado.
Ahora, el reto para la Comisión no será solo señalar al responsable, sino proponer soluciones para evitar que esta crisis se repita.
Javier May ha señalado que su Gobierno buscará reactivar el fideicomiso, realizando aportaciones adicionales para garantizar el bienestar de la plantilla burocrática.
Esto es algo digno de aplaudirse, porque llega justo en el momento que los trabajadores urgen tener certeza sobre su futuro laboral.
Llega también justo cuando algunos despistados insisten en crear leyendas negras, entendido por esto la creación de campañas de desprestigio o conjunto de falsedades que al final terminan de caer ante la realidad de los hechos
