A días de concluir el mandato de Carlos Manuel Merino, el pevemista Humberto de los Santos Bertruy ha salido a criticar con vehemencia la administración del gobernador interino.
Sin embargo, lo que más sorprende no son sus palabras, sino el momento en que decide pronunciarlas.
Durante los tres años que duró la administración de Merino, Bertruy permaneció en silencio.
Ahora, como si se tratara de un zopilote sobrevolando el campo, a los que tanto hace referencia el presidente López Obrador, decide hacerse el valiente.
¿Por qué no criticó antes, cuando sus observaciones podrían haber sido constructivas y útiles?
Esta actitud de Bertruy resulta cobarde. Como miembro del Partido Verde, aliado de Morena, su papel dentro de la autodenominada Cuarta Transformación lo ubica en una posición de lealtad política, o al menos de coherencia con sus aliados.
No obstante, ha optado por un discurso que parece más el de un opositor que el de un aliado, justo en los últimos días del gobierno merinista, lo que revela una falta de calidad moral para señalar los errores del mandatario saliente.
Es más, las críticas de Bertruy se suman a las de otro porrista de ocasión: Miguel Vélez, dirigente del Partido Verde, quien también hace unas semanas arremetió contra Merino, a pesar de los beneficios políticos que obtuvo bajo su mandato.
Ambos casos reflejan una tendencia clara: la crítica llega en el momento en que ya no hay repercusiones, cuando el poder se desvanece y el costo político es nulo.
Las respuestas a Bertruy no se han hecho esperar. Tanto José Antonio de la Vega Asmitia, secretario de Gobierno, como Juan Carlos Castillejos, portavoz del gobierno estatal, han salido a poner al exalcalde en su lugar.
De la Vega ha defendido la administración, resaltando los avances en medio de situaciones tan adversas como la pandemia de COVID-19 y la falta de recursos. “Hemos enfrentado problemas de seguridad, pero el Estado camina en orden”, ha dicho.
Castillejos no dudó en recordar cuando Bertruy fue alcalde de Centro, teniendo la ‘joyita’ de ser calificado como el peor presidente municipal del país.
Los datos respaldan esta afirmación, ya que las encuestas de ese tiempo reflejan su pésima gestión. Con esto, la credibilidad de sus críticas queda en entredicho.
La crítica en la política es no solo necesaria, sino saludable.
Pero cuando proviene de personajes como Bertruy y Vélez, quienes callaron durante tres años y solo ahora, a unos días del fin de una administración, levantan la voz, la crítica pierde su valor y se convierte en simple mezquindad.
Bertruy se ha quitado la máscara, pero lo hace demasiado tarde para que sus palabras tengan algún impacto real más allá del eco de su propia incongruencia.
: LA RÚBRICA
En el contexto de los hechos delictivos en Tabasco, las declaraciones del diputado Jorge Bracamonte resaltan que los ataques simultáneos parecen más un intento por generar pánico que meros actos de robo. Esta percepción revela una dinámica más preocupante en la violencia: el miedo como herramienta para desestabilizar. Bracamonte vincula estos eventos a la labor de las autoridades en el Operativo Tabasco Seguro, sugiriendo que la respuesta delictiva es una reacción a los esfuerzos para combatir la inseguridad. Aunque el presidente de la Jucopo reconoce la crítica de la oposición, señala que la intención del gobernador electo Javier May es reforzar la seguridad, pero atacando también las raíces del problema con programas sociales. Si bien es alentador que el nuevo gobierno plantee una estrategia integral, es crucial que la población sienta resultados tangibles en el corto tiempo… El respaldo de la dirigencia nacional del PRI a la postura de Miguel Barrueta, dirigente del partido en Tabasco, refleja una preocupación legítima ante los recientes hechos violentos que han sacudido la entidad. Los ataques coordinados, con asaltos y quema de vehículos a plena luz del día, han sembrado terror en la población. El llamado del PRI Tabasco es una exigencia clara: se necesita una acción urgente y efectiva para frenar la escalada de violencia. La ciudadanía requiere respuestas inmediatas y contundentes. El respaldo de la dirigencia nacional del PRI a esta demanda es crucial, ya que la seguridad debe traducirse en acciones que protejan a la población y restauren la paz en Tabasco… El feminicidio de Rosa Isela, en el que un menor de edad recibió una sentencia de apenas un año y nueve meses, ha encendido el debate sobre cómo deben ser tratados los menores que cometen delitos graves. La diputada perredista Orquídea López Yzquierdo ha expresado una postura que muchos consideran necesaria: los menores que cometan feminicidios o crímenes atroces deben ser juzgados como adultos y cumplir condenas ejemplares. López Yzquierdo señala con acierto que estos actos no son "errores infantiles". Se trata de crímenes premeditados y conscientes, donde los agresores, aunque menores de edad, comprenden la gravedad de sus actos. La ley, en su actual forma, permite que quienes cometen estos delitos reciban penas demasiado leves, algo que deja sin justicia a las víctimas, enviando un mensaje de impunidad. Reformar las leyes para que los menores asesinos enfrenten sentencias más severas es una necesidad urgente, ya que incluso esta falencia jurídica es aprovechada por la mafia para reclutar a jóvenes y obligarlos a cometer crímenes. No se trata de criminalizar la juventud, sino de reconocer la magnitud de los delitos y ofrecer justicia a las víctimas y sus familias. Si un menor es plenamente consciente de sus acciones, como en estos casos, debe ser tratado con el mismo rigor que cualquier adulto. En estos temas deberían trabajar los diputados del Congreso tabasqueño, si es que quieren que se les tome en serio.
