La continuación de la violencia nos dice que la “percepción” de inseguridad, una frase muy usada en el gobierno perredista de Arturo Núñez, es, por desgracia, una palpable realidad. En este contexto, dos posturas emergen con fuerza: el abierto respaldo de la alcaldesa Yolanda Osuna a la estrategia del gobernador Javier May, y las críticas del dirigente priista Miguel Barrueta, exigiendo cambios en la Secretaría de Seguridad.
Osuna ha salido en defensa del plan de seguridad del gobierno estatal, asegurando que se aplican esfuerzos concretos para restaurar la paz.
En sus declaraciones, enfatiza la importancia de la coordinación entre los órdenes federal y estatal, y sostiene que el gobernador está comprometido con proporcionar certidumbre a la población.
Como una muestra de lealtad y compromiso con May, resalta que la seguridad es un tema que se aborda de manera constante en las mesas de trabajo que encabeza el gobernador.
Este respaldo político es una alineación entre los esfuerzos del gobierno municipal y estatal, y la búsqueda de soluciones efectivas.
Desde la oposición, Miguel Barrueta, quien ha retomado ese papel de influencia en la agenda política que alguna vez tuvo el PRI, ha manifestado su desacuerdo con el plan de seguridad.
Por eso exige la destitución del recién ratificado Secretario de Seguridad, el general Víctor Hugo Chávez Martínez, argumentando que su enfoque militarista no es efectivo en un contexto donde el conocimiento local y la empatía son cruciales.
Barrueta plantea que la falta de familiaridad del secretario con los rincones de Tabasco es una de las razones de su ineficacia. Su llamado a una reestructuración en el gabinete de seguridad subraya un sentido de urgencia.
En el trasfondo de estas posturas, el surgimiento de más violencia —como el asesinato del exdelegado municipal en Villa Parrilla, la balacera en Paraíso y el hallazgo de más personas asesinadas— reflejan una realidad que es necesario ver, sin que esto signifique ser enemigo gratuito del gobernador o de la 4T en general.
Por ejemplo, la presidenta de Canaco Villahermosa, Leidi León Sánchez, ha dado cuenta del impacto económico de la violencia, con pérdidas estimadas en 10 mil pesos por tienda y una caída del 50% en las ventas en la Zona Luz.
La disminución en la afluencia de clientes, que llega al 40%, refleja cómo el crimen afecta la vida diaria de los ciudadanos y la economía local.
También, la postura de la Diócesis de Tabasco, que ha convocado a una Semana de Oración por la Paz, es un llamado a la reflexión y a la unidad comunitaria en un momento crítico.
El obispo Gerardo de Jesús Rojas López ha instado a elevar oraciones en busca de protección y auxilio, señalando que la violencia ya no es un tema de “percepción”, sino una realidad que exige respuestas contundentes.
Y bien. La alcaldesa Osuna acierta en lo político al respaldar el enfoque de May en busca de la paz, mientras que el dirigente del PRI actúa como se esperaría de un líder opositor: exigiendo una reevaluación crítica de la estrategia aplicada.
En última instancia, la esperanza de un Tabasco seguro radica en la capacidad de sus gobernantes y líderes para escucharse mutuamente, adaptándose a las necesidades urgentes de sus habitantes; entendiendo que el verdadero enemigo común está allá afuera.
: LA RÚBRICA
Andrés Granier ha vuelto a poner en el centro del debate la necesidad de justicia. Su reciente llamado al nuevo titular de la Fiscalía General del Estado, coronel José Bajaras Mejía, para que retome la denuncia contra el exgobernador Arturo Núñez y otros exfuncionarios, es un paso en la lucha contra lo que fue una persecución política sin justificación. El Químico ha expresado con claridad su frustración ante el manejo dado a su caso durante la gestión del exfiscal Nicolás Bautista Ovando, denunciando una "colusión" que impidió el avance de su denuncia. Esta situación pone de manifiesto la importancia de que los nuevos órganos de justicia actúen con imparcialidad. Su insistencia en revisar el caso, y su disposición a enfrentarse a las instituciones, es otra muestra de su conocida valentía política. La justicia debe prevalecer, y es responsabilidad de la nueva fiscalía atender este llamado, mandando así una señal de que todos los
