Si bien a menudo se habla más de la Gran Inundación de 2007, las nuevas generaciones deben recordar que Tabasco sufrió en 1999 un capítulo similar que puso a prueba la resiliencia de los ciudadanos de todos los estratos sociales.

Tal como lo haría Andrés Granier ocho años después, en 2007, el entonces gobernador interino, Víctor Manuel Barceló, también del PRI, asumió un rol de liderazgo en medio de esta catástrofe.

Desde las estaciones de radio, su voz fue un llamado urgente a la acción. "Señores, hay que garantizar la vida; las cosas materiales luego se recuperan. Váyanse a los albergues; ahí hay ropa y comida caliente", suplicaba Barceló a los habitantes en peligro, recordando que, en medio de la adversidad, la vida humana debía prevalecer.

Este enfoque centrado en la protección de las personas es digno de mencionarse en un momento en que la gestión de desastres a menudo se queda atrapada sólo en los números y las pérdidas materiales.

La catástrofe comenzó desde el 16 de septiembre. Tras un mes de lluvias torrenciales y el desfogue de las presas de Chiapas, la situación se tornó crítica. La declaratoria de zona de desastre el 5 de octubre fue un reconocimiento oficial de la magnitud del desastre natural.

Más de 312,000 personas fueron afectadas. Miles de viviendas quedaron bajo el agua en sitios residenciales de alto valor económico, como en Tabasco 2000, así como en zonas marginadas de gente de escasos recursos.

Barceló enfrentó la urgencia de evacuar a las personas en el menor tiempo, tomando la decisión de comunicarse de manera constante y directa a través de los medios para mantener a la población informada y movilizada.

La imagen de los habitantes en azoteas, alumbrándose con velas mientras las aguas avanzaban, reflejó la desesperación, pero también de la resistencia de una comunidad que se negaba a rendirse.

La respuesta del presidente Ernesto Zedillo incluyó la movilización de miles de soldados y marinos para apoyar en las labores de rescate y proporcionar asistencia a los damnificados. La creación de más de 700 albergues fue un esfuerzo significativo del Gobierno de Barceló. Las necesidades básicas de los evacuados, como agua potable y atención médica, se volvieron prioritarias en un escenario donde las enfermedades comenzaban a surgir a causa del agua contaminada.

La inundación de 1999, hasta entonces la más grave en 45 años, dejó una huella profunda en el tejido social y político de Tabasco. La experiencia acumulada desde entonces ha ayudado a desarrollar estrategias de mitigación ante nuevos desastres.

Una de las lecciones dejadas, aunque no suficientemente aprendidas como lo demostró la contingencia de 2007, fue que las presas deben ser manejadas con una visión que contemple no solo la producción de energía, sino también la seguridad de las comunidades aledañas.

Los llamados públicos y las acciones concretas de Víctor Manuel Barceló, actual embajador de México en Uruguay, a fin de "organizarse y hacer frente a la emergencia", es un recordatorio de que, en tiempos de crisis, el liderazgo de un gobernante capaz es fundamental para evitar pérdidas humanas y registrar los menores daños materiales.

: LA RÚBRICA

La aprobación de la reforma de Supremacía Constitucional en el Congreso local destaca la efectiva coordinación entre el presidente de la Junta de Coordinación Política, Jorge Bracamonte, y el presidente de la Mesa Directiva, Marcos Rosendo Medina Filigrana. Con 24 votos a favor, 8 en contra y ninguna abstención, Tabasco fue el primer estado en avalar esta reforma, que modifica el artículo 107 y añade un quinto párrafo al artículo 105 de la Constitución federal, estableciendo la inimpugnabilidad de las reformas constitucionales. La rapidez con la que se abordó la reforma, justo después de su discusión en la Cámara de Diputados federal, demuestra un trabajo conjunto que permitió que la mayoría de Morena en Tabasco se adelantara en este proceso legislativo. Durante la discusión, las voces en contra de la reforma, como la del coordinador del PRI, Fabián Granier, y la de Patricia Lanestosa, de Movimiento Ciudadano, advirtieron sobre los riesgos de debilitar la división de poderes y de poner en jaque la democracia. Granier argumentó que esta reforma compromete el equilibrio de poderes, mientras que Lanestosa la calificó como una amenaza al Estado de Derecho. A su vez, Miguel Moheno, coordinador del PVEM, defendió la soberanía del poder reformador, alineándose con la postura oficialista. El respaldo a la reforma por parte de Medina Filigrana, quien afirmó que se está formalizando lo que ya estaba implícito en el derecho positivo mexicano, es clave en este contexto. La intervención de Marcos Rosendo reforzó la legitimidad del proceso, buscando mitigar las críticas al enfatizar la continuidad y la estabilidad jurídica que esta reforma promete. La capacidad de Bracamonte y Medina Filigrana para coordinar esfuerzos y asegurar la aprobación de esta reforma muestra un notable manejo de las dinámicas políticas en el Poder Legislativo de la entidad… La actitud de Gerardo Fernández Noroña en el Senado es una muestra de cómo el poder puede intentar silenciar a la oposición en lugar de fomentar el diálogo. Negar el derecho de palabra a senadores de oposición es una falta de respeto a los representantes electos. El PRI Tabasco, a través de Miguel Barrueta Cambrano, ha señalado el peligro de instaurar una "dictadura legislativa". La democracia es también el derecho de cuestionar y disentir, especialmente en el seno del poder legislativo. La postura de Fernández Noroña muestra una visión alarmante en la que solo una voz merece ser escuchada. Este tipo de actitudes dañan la pluralidad política y debilitan la confianza ciudadana. El crespaldo de Barrueta a Alito en el respeto a la libertad de expresión y a la voz opositora, resalta que no son concesiones del poder; son derechos que todos los integrantes del Congreso deben defender.