El ‘Jalpagate’ ha tomado un rumbo fast track, poniendo a la gestión del presidente de la Junta de Coordinación Política, Jorge Bracamonte, en el centro de ese combate contra la corrupción y la rendición de cuentas que ha enarbolado el gobernador Javier May.

En un entorno donde las acusaciones de mala gestión suelen verse teñidas de intereses políticos, la solicitud de auditoría al Órgano Superior de Fiscalización sobre la alcaldía de Jalpa de Méndez, en manos de Morena, es un paso que podría ser un intento genuino de transparencia.

El caso es que la exalcaldesa adancista Nuris López Sánchez, del mismo partido guinda, proclamó siempre su compromiso con la honestidad y la administración financiera ética.

En su último informe de gobierno, anunció que dejaría un saldo de 16 millones de pesos, provenientes del Ramo 33 y del Fondo de Hidrocarburos, asegurando que no había contraído deudas y que había administrado los recursos de manera responsable. Sin embargo, la aparición de un faltante de 52 millones de pesos en las cuentas municipales ha encendido alarmas y ha generado desconfianza.

La decisión de ‘Braca’ de solicitar una auditoría a la gestión de López ha suscitado diferentes reacciones.

Por un lado, figuras del PRD y del PRI, como el diputado Javier Cabrera Sandoval y el dirigente Miguel Barrueta, han respaldado la investigación, insistiendo en la necesidad de esclarecer las finanzas municipales y garantizar que no se perjudique a los trabajadores de Jalpa de Méndez en el cierre del año fiscal.

Este consenso, sin embargo, contrasta con algunas suspicacias que rodean la motivación detrás del ‘Jalpagate’.

La inquietud sobre si este escándalo podría ser una mera persecución política se intensifica, especialmente considerando el papel del exdiputado Jesús Selván García, quien, resentido porque la alcaldesa no apoyó a su candidato de Morena, José del Carmen Olán, ha sido señalado como posible instigador detrás de las acusaciones.

Este contexto añade una capa de complejidad a la situación, donde las disputas internas del partido oficial podrían enmascarar un intento legítimo de salvaguardar los recursos públicos.

La 65 Legislatura ha decidido suspender la calificación de la cuenta pública de Jalpa de Méndez y proceder con la auditoría. Bracamonte ha dejado claro que no habrá protección a nadie y que las irregularidades, de confirmarse, tendrán consecuencias.

No obstante, la percepción de que el ‘Jalpagate’ es una reacción al apoyo político de Nuris López al perredista Isidro López Vázquez, en vez de un esfuerzo auténtico por combatir la corrupción, podría afectar las investigaciones.

Si bien la intención de indagar puede ser bien recibida, la desconfianza del origen de la misma puede opacar el objetivo que se busca en el oficialismo.

Mientras el OSFE se prepara para llevar a cabo su investigación, su éxito dependerá de la imparcialidad con que se maneje la auditoría.

En un escenario donde los intereses partidistas a menudo oscurecen la verdad, es crucial que este caso se resuelva en función de la justicia, más allá de los juegos políticos; juegos políticos que, por cierto, siempre han existido.

: LA RÚBRICA

Javier May ha hablado sobre las jornadas de audiencias públicas en los municipios con el objetivo de descentralizar la administración estatal, planteando un enfoque que podría derivar en menos burocratismo. Establecer ventanillas digitales para facilitar trámites permitirá que los ciudadanos accedan a servicios sin tener que desplazarse a las oficinas centrales en Villahermosa. Lo importante es que esta digitalización se aplique de manera efectiva, especialmente en regiones donde el acceso a la tecnología puede ser limitado. Asimismo, la intención de fortalecer los centros integradores mediante la construcción de sucursales del Banco del Bienestar y Farmacias del Bienestar es un paso que puede mejorar la infraestructura de servicios. En efecto, la descentralización administrativa es un paso necesario… En la entrevista de Emmanuel Sibilla en Telerreportaje a Mariano Suárez Reyes, juez del Juzgado Primero de Distrito en Tabasco con residencia en Villahermosa, advirtió que la Reforma Judicial impulsada por el gobierno de Morena podría tener consecuencias graves en cinco años. Según Suárez, el Poder Legislativo carece de facultades para modificar cláusulas pétreas de la Constitución, lo que pone en riesgo la independencia del poder judicial y la separación de poderes. Suárez también señaló el alarmante desdén del oficialismo hacia las suspensiones judiciales, lo que él califica como un "estado sin derecho". Esta situación amenaza los derechos de los ciudadanos, y también socava la confianza en las instituciones judiciales. Además, el juez destacó que los trabajadores del Poder Judicial enfrentan presiones inaceptables para renunciar, lo que cuestiona su dignidad y autonomía. La necesidad de un debate serio sobre la Reforma Judicial es urgente; ignorar estas advertencias podría llevar a un futuro donde el respeto al estado de derecho sea solo un recuerdo. La voz de quienes defienden la justicia debe ser escuchada con atención, como es el caso del juez Mariano Suárez Reyes en el llamado ‘Periódico del aire’ de la XEVT.