Inició paro indefinido de labores en rechazo a la reforma judicial propuesta por el presidente de la República.
MÁS DE 55 MIL TRABAJADORES del Poder Judicial de la Federación suspendieron indefinidamente labores a nivel nacional y de manera indefinida, en rechazo a la reforma judicial propuesta por el presidente y MORENA. La duración del paro de labores, dependerá del dictamen de la reforma judicial que se analizará el próximo 26 de agosto en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.
LA INICIATIVA DE REFORMA CONSTITUCIONAL será discutida y votada a inicios de la LXVI Legislatura, misma que entrará en funciones el próximo primero de septiembre.
AL TRATARSE DE REFORMAS A LA CONSTITUCIÓN, la Iniciativa debe de ser aprobada por la mayoría calificada del Congreso de la Unión (Cámara de Diputados y Senado de la República), así como por las dos terceras partes de los Congresos locales.
MORENA, PARTIDO VERDE Y PT, cuentan con la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, así como en los Congresos locales. Sin embargo, no cuentan con la mayoría constitucional en el Senado de la República. Por esta razón, impulsan la sobrerrepresentación notoriamente inconstitucional del partido del presidente y sus aliados en el Congreso de la Unión.
LA EVENTUAL APROBACIÓN de esta reforma representa un punto de inflexión en la historia del Poder Judicial mexicano. Las consecuencias de estos cambios se sentirán durante muchos años y tendrán un impacto significativo en la vida de todos los ciudadanos.
TENDRÁ EFECTOS NEGATIVOS en la independencia judicial y el Estado de Derecho. Una de las propuestas más polémicas es la elección directa de los jueces por parte de la ciudadanía. Con el argumento de incrementar la legitimidad del Poder Judicial, gener preocupaciones sobre la posible politización de los nombramientos y la falta de conocimiento técnico de los votantes. El sistema judicial debe profesionalizarse y no politizarse. La reforma judicial que proponen el Ejecutivo y sus legisladores generará jueces sometidos a los intereses de la política.
LA CLAVE ESTÁ EN LAS NUEVAS REGLAS PROCESALES y es que tratándose de controversias constitucionales o de acciones de inconstitucionalidad planteadas respecto de normas generales, en ningún caso su admisión dará lugar a la suspensión de la norma cuestionada. La magnitud de este cambio es relevante porque ya fue publicado el Decreto de la reforma a los artículos 129 y 148 de la Ley de Amparo, en materia de suspensión del acto reclamado y por la que se limita la efectividad del Juicio de Amparo.
TRATÁNDOSE DE JUICIOS DE AMPARO que resuelvan la inconstitucionalidad de normas generales, proponen que en ningún caso las sentencias que se dicten fijarán efectos generales.
AQUÍ SE DIJO y se está advirtiendo, el desmantelamiento de instituciones amenaza con socavar los pilares de la democracia y la división de poderes en México.
