“El Estado soy yo”, frase atribuida al rey Luis XIV de Francia en 1655, personifica el absolutismo y resuena con la expresión del presidente AMLO: “no me vengan con ese cuento de que la ley es la ley”.
Desde el inicio de su mandato, Andrés Manuel López Obrador ha mostrado un talante autoritario que plantea serias preocupaciones sobre el futuro del sistema democrático en México.
Con un 65% de aprobación, según encuestas, AMLO ha logrado consolidar su poder, pero a costa de socavar y debilitar a las instituciones mexicanas. La reforma al Poder Judicial que propone, que permitiría la elección de jueces por voto popular, plantea riesgos significativos:
1. Pérdida de Independencia. Los jueces electos estarían expuestos a presiones políticas, poniendo en riesgo su imparcialidad y capacidad para tomar decisiones basadas únicamente en la ley. La UNESCO advierte que un 70% de los jueces en sistemas judiciales donde se permite la elección popular, enfrentan presiones externas que afectan su capacidad de decisión.
2. Falta de experiencia. Al priorizar la popularidad sobre la idoneidad, corremos el riesgo de que jueces sin la formación adecuada ocupen cargos de gran responsabilidad. En países como Venezuela, donde se implementaron reformas similares, la calidad judicial ha decaído drásticamente.
3. Incertidumbre jurídica. Un Poder Judicial débil y sometido al Ejecutivo, afectaría la inversión y el desarrollo del país. Según el Banco Mundial, la corrupción y la debilidad de las instituciones son los principales factores que desincentivan la inversión extranjera en México, que cayó un 12% en 2022 y 34.79% por debajo de las mismas respecto al periodo anterior.
4. Corrupción. La elección de jueces por voto popular podría abrir la puerta a mayores niveles de corrupción. En Brasil, donde se ha visto un fenómeno similar, se han documentado casos en los que candidatos a la judicatura han buscado financiamiento a cambio de favores políticos. Además, la Relatoría de la ONU ha expresado su preocupación por la posible intromisión del crimen organizado en las instituciones de justicia en México a través de corrupción y amenazas a servidores públicos.
El presidente busca arrebatarle la independencia y controlar al Poder Judicial por medio de una reforma constitucional, que ordene que los jueces federales sean electos por voto popular. La trampa radica en que estos candidatos serían propuestos por el Ejecutivo y el Legislativo.
El "Maximato" lopezobradorista está en marcha. Claudia Sheinbaum asumirá la presidencia el 1 de octubre, mientras que Andrés Manuel “Andy” López Beltrán se perfila como secretario general de MORENA, para eventualmente intentar convertirse en el candidato presidencial en las elecciones de 2030 y que el clan López Obrador-Beltrán gobierne al país hasta el 2036.
El Poder Judicial no puede representar a la ciudadanía, cumple una función jurisdiccional, resolviendo conflictos y estableciendo derechos de manera objetiva, es un contrapeso de los poderes Legislativo y Ejecutivo. Además, la Constitución Federal establece en su artículo 49 que no pueden reunirse dos o más de los poderes en los que se divide el Supremo Poder de la Federación (Legislativo, Ejecutivo y Judicial), en una sola persona o corporación. La intención de AMLO es transgredir este principio fundamental de nuestra República, buscando que los tres poderes sean controlados por el Ejecutivo en turno.
Este escenario plantea una pregunta inquietante: ¿qué sucederá si el Senado aprueba la reforma judicial y la Suprema Corte de Justicia de la Nación la declara improcedente? La posibilidad de que AMLO desacate ese fallo plantea una crisis constitucional sin precedentes, total, para él “la ley es un cuento”.
Internacionalmente, vemos ejemplos de lo que ocurre cuando se socavan las instituciones. En Hungría y Polonia, reformas similares han debilitado el Poder Judicial, llevando a una erosión de los derechos civiles y la democracia. La ONG Freedom House ha clasificado a ambos países como “no libres”, destacando cómo el control político sobre el sistema judicial ha permitido violaciones sistemáticas de los derechos humanos.
México es una República y AMLO quiere desfigurar la Constitución y modificar la estructura del Estado mexicano para intensificar el poder presidencial, con escasos límites institucionales y constitucionales. Con su propuesta de reforma autocrática, intenta abatir el equilibrio de poderes y poner al Poder Judicial al servicio de su partido político.
El país no puede permitirse ese camino, estamos en un momento crítico. La erosión de las instituciones no solo amenaza la democracia, sino que también pone en peligro el futuro económico y social del país. Es un llamado a la ciudadanía a mantenerse alerta y exigir la defensa del Estado Democrático Constitucional de Derecho.
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